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Polémica por acuerdo que prohíbe minería en otro municipio antioqueño

agosto 30, 2017 Noticias 0

No a la minería. Esa parece ser la consigna de los municipios del Suroeste antioqueño, que han ido manifestándose mediante sus concejos municipales para que esa práctica no se realice en sus territorios.

Después de Támesis, Jericó y Urrao. Ahora fue el turno de Caicedo, que mediante el Acuerdo Municipal número 11 del 15 de agosto de 2017, “prohíbe la minería en Caicedo, mediante la implementación de medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

Sin embargo, el alcalde municipal, Germán Darío Zapata, objetó dicho acuerdo argumentando que lo considera inconveniente por lo que se abstendrá de sancionarlo.

“La materia que regula este Acuerdo no puede ser presentada a iniciativa del Concejo, porque afecta situaciones relacionadas usos del suelo en el territorio. Además, no es competencia del Alcalde regular temas concernientes a la actividad minera, toda vez que esto es competencia exclusiva del Congreso de la República”, argumentó el mandatario mediante una carta.

Añadió Zapata, que las autoridades territoriales (Concejo y Alcalde), no tienen competencia para decidir de forma autónoma y exclusiva sobre el aprovechamiento de los recursos del subsuelo, “desconociendo una competencia que está en cabeza de la Nación”.

No es competencia del Alcalde regular temas concernientes a la actividad minera, toda vez que esto es competencia exclusiva del Congreso de la República

Dairo León Arroyave, concejal del municipio y autor de la iniciativa, indicó que la objeción del Alcalde abre las puertas “para que la minería se tome el territorio caicedeño, región con una fuerte vocación cafetera, agrícola y pecuaria”.

“Las razones que expresa el Alcalde para objetar el Acuerdo Municipal carecen de sustento jurídico. La primera alude a que como Concejo no podemos presentar la iniciativa porque afecta situaciones relacionadas con el uso del suelo, argumento que se cae al revisar el numeral 7 del artículo 313 de la Constitución, que precisamente nos asigna esas funciones”, argumentó el corporado.

Dicho acuerdo fue aprobado por los nueve concejales del municipio el pasado 15 de agosto y radicado dos días después en la secretaría de Gobierno, por lo que el Alcalde dispondría de cinco días para objetar o sancionar dicho artículo, cosa que no pasó.

“Por eso dimos traslado de un oficio a la Personería de Caicedo donde pedimos investigar la presunta omisión por parte del alcalde Zapata y tomar las medidas disciplinarias correspondientes frente a tal actuación”, contó el concejal Arroyave.

MEDELLÍN