La revolución de Nicaragua enfrenta la represión y narrarla es delito

Las calles de Managua se ven atiborradas de policías antimotines. Los hombres y mujeres vestidos de negro, con cascos, escudos y armados hasta los dientes están en cada avenida, cada monumento, cada esquina. El 9 de enero de 2019 acordonaron el centro cultural Hispamer, donde se entregó el Premio a la Excelencia de Periodismo Pedro Joaquín Chamorro.

Un país donde los reporteros no pueden recoger un premio otorgado por el trabajo que realizan porque la policía tiene órdenes de intimidarlos es un país que ha llegado a extremos incomprensibles de violencia contra el periodismo y la libertad de expresión.

Sacar la cámara y grabar es riesgoso en Nicaragua: un periodista fue asesinado mientras transmitía por Facebook Live las protestas contra el Gobierno; dos están presos en El Chipote, antiguo centro de torturas de la dictadura somocista, y 68 están exiliados.

Entrevistar a los nicaragüenses es peligroso porque el periodismo se ha criminalizado y es un delito, tanto como ondear la bandera azul y blanca o cantar el himno nacional. Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, director de 100 % Noticias, cuenta que él fue acusado de incitar al odio y por eso está en la cárcel. “Somos un canal de 24 horas de información, me imagino que por las constantes noticias que no eran de su agrado… Los periodistas no incitamos al odio, cubrimos noticias”, dice.

Intimidación, asesinatos y exilio

Al centro cultural Hispamer llegó Wilfredo Miranda, uno de los galardonados. Un chico de 27 años que sabe que se jugó su tranquilidad y se ganó el boleto al exilio cuando retrató las ejecuciones extrajudiciales cometidas en abril de 2018 contra estudiantes y ciudadanos. Miranda logró recolectar 19 tomografías de las víctimas; 15 correspondían a pacientes heridos con armas de fuego en la cabeza. Ocho de ellos fallecieron –según los médicos consultados por el reportero–, sus identidades fueron confirmadas como parte de la investigación del medio Confidencial y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

“Nosotros hemos sido golpeados, nos han perseguido, hemos recibido amenazas de muerte de los paramilitares. Me tuve que mudar tres veces durante ocho meses. A raíz de las investigaciones que hice, me dijeron que mi cráneo iba a quedar igual que esos que mostré en las fotografías”, relató Wilfredo en Managua.

Una semana después de darnos esa entrevista, él tuvo que salir por la frontera con Costa Rica hacia San José. Allí se reencontró con la mitad del equipo de Confidencial, también exiliado. Hoy está en Miami tras pasar unos días por México. “Desde donde esté sigo haciendo periodismo por mi país”, asegura.

Al Hispamer de Managua también arribó Juan Carlos Gahona, hermano de Ángel Gahona, periodista asesinado el 21 de abril de 2018. “Un policía del régimen orteguista disparó contra mi hermano y acabó con su vida”, relata Juan Carlos con el temor sembrado en la voz.

Él regresó a su país para ver a su sobrino Angelito. Su mirada vigilante se perdía entre las estanterías de libros mientras concedía la entrevista. “No hay lugar seguro en este país”, advirtió. A 15 metros, el dueño del centro cultural lo confirmaba, haciéndonos indicaciones de que ojalá el evento de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro terminara rápido. En el café del primer piso de su negocio cayó muerta una trabajadora como consecuencia de una bala perdida, en junio de 2018.

Entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, 109 nicaragüenses resultaron muertos,  1.400 heridos y 690 más fueron a parar a las cárceles, durante la represión del régimen de Ortega, según el informe sobre los hechos de violencia, elaborado por el GIEI (Grupo inerdisciplinario de expertos independientes). “Una violencia virulenta y acelerada, más que la de otros momentos históricos de este país”, explica el politólogo José Antonio Peraza, director del Movimiento por Nicaragua, quien también estuvo retenido.

Las informaciones de la prensa nicaragüense dan cuenta de 535 muertos en 8 meses. El detonante de la crisis fue la reforma del sistema de seguridad social del país, que aumentó la contribución de las empresas y de los empleados, afectando directamente el bolsillo de pensionados y patronos. Esto se sumó a las denuncias de los medios sobre corrupción en el Gobierno.

Sobrevivir en la esquizofrenia

En el otro extremo de la ciudad, Gioconda Belli, escritora y presidenta del PEN, organización de poetas, ensayistas, novelistas, periodistas y editores a nivel mundial, contó: “Mi país se está hundiendo en el precipicio de una dictadura”. Su voz calmada relata el sinsentido de lo que ocurre. A pesar de estar en contra del régimen, la han respetado, por eso sigue hablando y nombrando lo que está mal. “Hay una narrativa absurda que habla de amor, paz, reconciliación, y mientras tanto se actúa de una forma llena de odio, de venganza. Es esquizofrénico… A la población le ha horrorizado la frialdad con que aquí se mataron estudiantes”, dice.

A 27 kilómetros de Managua, en un bosque de la ciudad de Masaya, ‘El Lobo’, uno de los autoconvocados, como se hicieron llamar los jóvenes que protagonizaron las protestas, nos habló: “Nos estamos preparando nuevamente para levantarnos, porque la dictadura tiene que acabar”.

Para proteger su identidad, ‘El Lobo’ se puso una máscara de Macho Ratón, uno de los personajes del tradicional drama El Güegüense, la misma máscara que usaron los marchantes hace un año para esquivar las persecuciones.

Masaya, y en especial Monimbó, fueron los sitios en donde más se concentró la resistencia que le hizo frente a la policía y a los ‘Jotaese’, como llama ‘El Lobo’ a los paramilitares. “Nos dieron con todo. Nos atacaron con fuerza. Vi morir amigos, pero nosotros no nos rendimos. Yo salí del país y regresé porque estoy convencido de que hay que luchar”, cuenta.

El convencimiento está pintado en las fachadas de los centros de educación superior, como la Universidad Centroamericana (UCA). Sobre el grafiti que dice ‘Afuera el régimen orteguista’, dibujado sobre la bandera azul y blanca, están las marcas de los impactos de bala.

Hasta el hotel Crowne Plaza de Managua llegó Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. “Es mejor venir a hablar con ustedes acá, es más seguro”, advierte.

A Vilma se le fueron los miedos del cuerpo desde que sobrevivió a la masacre de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en 1959. “Pero esto de ahora es mucho peor porque te exponen diciendo dónde vives, dónde trabaja tu hija… Hay momentos de altos y bajos en el estado de ánimo, pero, personalmente, he decidido no irme, pase lo que pase”.

Como ella, también permanece en Managua el respetado escritor Sergio Ramírez, quien encabezó el grupo de los doce, formado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles que apoyaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hace cuatro décadas. Frente del cual surgió Daniel Ortega, pero que él traicionó con el tiempo hasta ser considerado hoy un dictador.

Encontrar a Ramírez significó dar varias vueltas por la ciudad y abordar dos vehículos. “Cada vez se siente más la opresión en el ambiente, pero es una situación a la que hay que adaptarse para poder sobrevivir. Sobrevivir significa aquí hablar. Para mí quedarme en el país no es quedarme callado. De manera que lo único que hay que buscar aquí es rescatar tu propia palabra”, asegura.

La segunda revolución

Los nicaragüenses se protegen entre ellos en defensa de las libertades violentadas por Ortega y Murillo. Los periodistas quieren contar el lado del Gobierno, pero el régimen no concede entrevistas.

“Aquí reina la cultura del secreto, los ciudadanos no conocemos qué hace el Estado. Si la prensa consulta recibe agresiones, ataques, amenazas, censura, intimidación, difamación”, dice Guillermo Medrano, coordinador de proyectos de periodismo y derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Cristiana Chamorro, presidenta de la ONG y miembro de la junta directiva del diario La Prensa, confirma que el periódico ha rebajado su tiraje porque el régimen no permite al país la entrada del papel.

Ante esas restricciones, y luego del allanamiento en diciembre de 2018 de las oficinas del medio Confidencial, su director, Carlos Fernando Chamorro, y la mitad del equipo, están hoy por fuera. Lo mejor era salir antes de ir a parar a la cárcel y no poder seguir informando.

Desde San José de Costa Rica, Chamorro le contó a EL TIEMPO que “la prensa nicaragüense está resistiendo, y hoy eso tiene un reconocimiento nacional. Eso no sería posible sin la movilización de los ciudadanos y su empoderamiento para convertirse también en comunicadores, a través de las redes sociales, usando los teléfonos celulares. Quizá es menos heroico que lo que fue la revolución sandinista de 1979 contra Somoza, pero Ortega ha sobrepasado a Somoza en crueldad y en violaciones de derechos humanos, porque está atacando y agrediendo a un pueblo desarmado”, puntualiza.

Los nicaragüenses están furiosos. Es un pueblo en guerra permanente con periodos de paz, como dicen los politólogos. En ese ambiente resisten los periodistas, quienes, adentro o afuera, siguen narrando las acciones de un régimen que no tiene nada más que ofrecer que la represión. Por eso, en Nicaragua es delito informar.

Ginna Morelo y Sara Castillejo
Unidad de Datos EL TIEMPO
Enviadas especiales