Assange, de huésped glorioso a papa caliente para Ecuador
El gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno tenía en mente deshacerse de Julian Assange desde hace un año. Así lo dejó entrever la ministra del Interior, Paula Romo, al sacar a la luz que en marzo del 2018 consultó al gobierno británico cuál sería la actuación si se terminaba el asilo del hacker y si podría ser o no entregado en extradición.
Dos cartas posteriores, en agosto y abril de 2019, recibieron la respuesta británica: “Que según su legislación, ellos no podrían entregar a una persona a un país donde su vida corra peligro”, señaló Romo al puntualizar las reiteradas violaciones de las normas de protección que habría cometido Assange y que van desde untar con sus heces las paredes de la sede diplomática ecuatoriana hasta maltratar al personal.
El propio Moreno justificó su decisión al declarar que dos días antes del retiro del asilo, Assange amenazó al gobierno de Ecuador.
“Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad. Agredió, maltrató a guardias de la sede diplomática, accedió sin permiso a archivos de seguridad. Posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Por último, WikiLeaks amenazó hace dos días al gobierno”.
Assange ingresó a la embajada de Ecuador en Londres el martes 19 de junio de 2012 y solicitó asilo político. El 16 de agosto de ese año, el gobierno del presidente Rafael Correa se lo concedió.
El entonces mandatario no se inmutó por el impase diplomático con el Reino Unido ni las críticas de la oposición, que argüían la decisión a la búsqueda de notoriedad del mandatario y a su línea ideológica que confronta a Estados Unidos.
En esa línea, Correa defendió a Assange y lo presentaba como un héroe por publicar más de 470.000 documentos militares clasificados sobre la diplomacia estadounidense, las guerras en Irán y Afganistán y la revelación posterior de más de 250.000 cables diplomáticos secretos.
Uno de esos cables dio pauta a Correa para expulsar de Ecuador a la embajadora de EE. UU. Heather Hodges, declarándola “persona no grata”, por la filtración de un cable de WikiLeaks en el que hablaba de “corrupción generalizada en policía nacional ecuatoriana”.
Violó normas de asilo
Durante su estadía en la embajada, Assange fue activo en su trabajo informático y obtuvo y filtró documentos relacionados con operaciones internas de El Vaticano y de la exsecretaria de Estado y candidata presidencial Hillary Clinton; abogó por la independencia de Cataluña de España y en el 2019 fue señalado como presunto responsable de obtener y filtrar información telefónica personal contenida en los móviles del entonces representante de las Naciones Unidas para las discapacidades y hoy presidente del Ecuador, Lenín Moreno.
Pero, un año antes de las filtraciones sobre Moreno, a inicios del 2018, su gobierno, a través de su canciller María Fernanda Espinosa, concedió la nacionalidad ecuatoriana a Assange con la idea de enviarlo como representante diplomático ecuatoriano a Rusia, pero esa trama falló.
El mismo gobierno de Moreno declaró la nulidad de la concesión de la nacionalidad por varias “irregularidades”.
El editorial del viernes del diario ‘El Comercio’ dice que la decisión del gobierno “se veía venir. La situación se había vuelto insostenible por sus reiterados incumplimientos de las normas internacionales sobre el asilo. El gobierno del expresidente Correa fue permisivo con el asilado y buscó salidas que incluyeron un muy dudoso procedimiento de nacionalización”.
Ahora quedan secuelas importantes en la política interna. Tensa la situación jurídica de María Fernanda Espinosa, quien preside la asamblea de las Naciones Unidas, la Fiscalía y la Contraloría activan acciones contra funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del registro civil por el oscuro trámite del otorgamiento de la nacionalidad y el esclarecimiento de una presunta red de espionaje en el que podría estar involucrado el excanciller Ricardo Patiño.
La abogada y política Paola Pabón, dirigente del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Correa, considera que “Assange sigue siendo ciudadano ecuatoriano” y que “ningún decreto puede retirar la naturalización”, pues para que eso ocurra debía haber una acción previa emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la justicia ecuatoriana.
Para otros medios de comunicación públicos y privados, la decisión ha sido acogida con beneplácito. El editorial del diario ‘Expreso’ señala que se trataba de una decisión “largamente esperada” y destaca sobre los casi dos años que le ha llevado al gobierno tomarla: “Pareciera que Moreno tarda pero no olvida”.
El diario ‘La Hora’ recuerda en su editorial los más de seis millones de dólares que el asilo costó al erario y asegura que “se veía venir” porque el caso “tensó las relaciones con países con los que, históricamente, Ecuador mantiene relaciones muy favorables”.
Ana LucÍa Román
Para EL TIEMPO
Quito