Gobierno de Trump sanciona la llamada ‘troika de la tiranía’
El gobierno estadounidense endureció este miércoles su postura frente a lo que llama “la troika de la tiranía”, al anunciar que permitirá demandas contra firmas extranjeras presentes en Cuba, limitando las remesas y los viajes hacia la isla y decretando nuevas sanciones para Venezuela y Nicaragua.“Cuando Venezuela sea libre, y Cuba sea libre y Nicaragua sea libre, entonces este va a ser el primer hemisferio libre de toda la historia de la humanidad”, dijo el presidente Donald Trump.
Por la mañana, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que el 2 de mayo entrará en vigor una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la Revolución, terminando con una exención de dos décadas.
Poco después, desde Miami, en un encuentro con exiliados cubanos, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció “cambios regulatorios para restringir los viajes no familiares” a la isla y nuevos límites a las remesas.
“La gente está viviendo acá, mandando dinero y así manteniendo el gobierno. El propósito es cambiar el gobierno, no mantener un sistema totalitario”, dijo Raymon Molina, un veterano de la fallida invasión de bahía de Cochinos en 1961.
Se estima que las remesas son la segunda fuente de ingresos de la isla, detrás de la exportación de servicios médicos. Según el Havana Consulting Group, el 70 por ciento de los cubanos reciben remesas.
Effective May 2, under Title III of the LIBERTAD Act, U.S. citizens will be able to bring lawsuits against persons trafficking in property that was confiscated by the Cuban regime. After more than 22 years of delays, Americans will finally have a chance at justice.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 17 de abril de 2019
Cuba rechazó el anuncio de la entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton, una norma que permite iniciar acciones en los tribunales estadounidenses contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la Revolución de 1959.
Su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, repudió el anuncio y dijo “que es un ataque al derecho internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados”. La subsecretaria del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental estadounidense, Kimberly Breier, aclaró que no habrá exenciones. La Unión Europea, principal socio comercial de Cuba, y Canadá manifestaron su disgusto en una declaración conjunta, y prometieron “proteger los intereses” de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El Secretario de Estado Mike Pompeo habla sobre la política de la administración Trump hacia cuba durante una rueda de prensa en el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Drew Angerer / AFP
Cuba, que sufre un embargo estadounidense desde 1962, es acusada por Washington de apoyar el régimen de Nicolás Maduro, que no ha sido reconocido por Estados Unidos, el cual apoya a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela.
EE. UU. encabeza la presión internacional para sacar a Maduro del poder y ha aplicado sanciones financieras y petroleras contra Venezuela, y penalizado empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.
Bolton dijo que Washington prohibirá las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela y su directora, Iliana Ruzza Terán.
El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado “acciones directas” contra la llamada “troika”.
Today, I am also pleased to announce that the United States sanctioned Bancorp—the Ortega slush fund. We are going after the pocketbooks of Ortega’s family, who continue to live off the misery of the Nicaraguan people.
— John Bolton (@AmbJohnBolton) 17 de abril de 2019
El departamento del Tesoro anunció también sanciones contra Laureano Ortega Murillo, el hijo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta, Rosario Murillo.
Breier aclaró que los únicos negocios que se verán afectados por la entrada en vigor de la norma serán las empresas que operan en propiedades confiscadas a cubanos que han emigrado a EE. UU. Cuando la ley fue adoptada hace más de dos décadas, el departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales.
Pero, hasta el momento, los gobernantes estadounidenses postergaron la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con sus aliados.
En su declaración conjunta, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, reiteraron que la “aplicación extraterritorial de medidas unilaterales” sobre Cuba “es contraria al derecho internacional”.
AFP