HRW denuncia ataque de Colombia y otros países contra la CIDH
Serias preocupaciones viene generando una declaración privada que varios países de la región, entre ellos Colombia, enviaron recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que es vista por algunos como un intento por debilitar y ponerle mordaza a este órgano hemisférico.
La declaración, conocida por EL TIEMPO, fue enviada a la CIDH el pasado 11 de abril y está firmada de manera conjunta por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia.
En ella estos gobiernos expresan ciertas inquietudes por el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos y le proponen tanto a la CIDH como a la Corte Interamericana de DD. HH. (Corte IDH) la adopción de ciertas medidas que, desde su perspectiva, apuntan a mejorar su funcionamiento.
Hacen hincapié, por ejemplo, en la necesidad de respetar «el principio de subsidiariedad» del sistema, que se respete “el legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados” y que se tengan en cuenta las “realidad políticas, económicas y sociales» de los mismos.
«Desde esta perspectiva, la declaración considera que los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos. La declaración plantea que dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano», dice una aclaración que hizo este semana el gobierno de Chile, único país que hasta la fecha ha reconocido en público el envió el texto a la CIDH.
Pero en una serie de cartas enviadas por Human Rights Watch a los gobernantes de estos países antes de que se enviara al declaración – y que también fueron conocidas por este diario-, la ONG sostiene que se trata de una intromisión indebida en los asuntos de la CIDH y la Corte que además podría politizar gravemente su funcionamiento.
(…) Esta resolución recibirá una fuerte crítica por parte de toda la sociedad civil en América Latina,
«Sería un error colosal que su gobierno apoye esta resolución que contiene lenguaje y argumentos propios de regímenes como los de Hugo Chávez y Rafael Correa. La resolución es, además, un pésimo comienzo para Prosur y pondrá en entredicho la credibilidad y legitimidad de esta nueva organización en materia de DD. HH. Estoy seguro que esta resolución recibirá una fuerte crítica por parte de toda la sociedad civil en América Latina, incluyendo, sin dudas, por parte de Human Rights Watch», dice José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, en la carta que le envió al presidente Iván Duque.
En su carta, Vivanco sostiene que detrás de la declaración lo que habría es un «rechazo de ciertos sectores de la población que por razones ideológicas, religiosas o simplemente prejuicios discriminatorios buscan limitar el papel que desempeñan la Comisión y la Corte en defensa de los grupos LGBT, y los derechos reproductivos de la mujer». Y que estarían cobrando relevancia ahora que han llegado al poder gobiernos con tendencia conservadora.
En su crítica, HRW expresa que la declaración es la típica defensa arcaica del principio de soberanía nacional que en su momento han usado regímenes autócratas como los de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia que van en contraposición con la obligación jurídica de asegurar la vigencia universal de los derechos humanos.
Los instrumentos de protección como el sistema interamericano son el último recurso con el que cuentan los ciudadanos para hacer valer sus derechos
«Específicamente la resolución aboga por que los órganos del sistema interamericano respeten el ‘legítimo espacio de autonomía de los Estados’, y reconozcan el ‘margen de apreciación de los Estados’ -un concepto jurídico ajeno a la jurisprudencia y doctrina de nuestro sistema-. Más aún, la resolución llega al extremo de proponer que los órganos del sistema tengan en consideración ‘las realidades políticas, económicas y sociales de los Estados’ (punto 5)», sostiene Vivanco en la carta que le escribió al presidente de Chile, Sebastián Piñera.
En la misivas tanto de Duque como de Piñera, el director de HRW se declara perplejo por el ataque que encierra la declaración dado que ellos mismos han acudido en el pasado a los mecanismos del sistema interamericano para combatir a regímenes autoritarios y criticado abiertamente a estos gobiernos socialistas por abusar del poder y desconocer la autoridad de la CIDH y la Corte.
«Como bien saben los gobiernos que firmarían la resolución, porque ocasionalmente han acudido a los mecanismos internacionales frente a regímenes autoritarios, los instrumentos de protección como el sistema interamericano son el último recurso con el que cuentan los ciudadanos para hacer valer sus derechos y encontrar amparo frente al abuso de poder. Por ello, cualquier esfuerzo por limitar las atribuciones de los organismos del sistema interamericano debilita ‘per se’ la vigencia de los derechos fundamentales en la región», dice Vivanco en las cartas que les escribe a ambos presidentes y donde les pide no firmar la declaración.
Un consejo que no siguieron, pues cinco días después de esas misivas los cinco gobiernos enviaron su declaración al Secretario de la CIDH, Paulo Abrao. En principio se suponía que esa comunicación con el secretario de la CIDH se mantendría privada. Pero ese acuerdo al parecer se rompió al inició de la semana cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile expidió un comunicado haciendo referencia a ella pero sin publicar su texto completo.
En ese documento, Chile sostiene que ve la declaración como el «punto de partida para un diálogo transparente y abierto» y sostiene que los países firmantes reconocen los logros del sistema a lo largo de sus años de existencia y sus compromisos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero concluyen que este puede ser mejorado.
Las cartas de Vivanco constituyen el primer quiebre de esta ONG con el gobierno de Duque y otros líderes de la región desde que asumieron el poder estos gobiernos de tendencia conservadora, y que hasta ahora habían mostrado sintonía en relación con las crisis en Venezuela y Nicaragua.
Según declaraciones de Vivanco a EL TIEMPO, se trata de un rompimiento inevitable pues «está de por medio una iniciativa retrograda que pone en entredicho el compromiso de estos gobiernos en la defensa universal de los derechos humanos».
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON