Guatemala, unas elecciones bajo sospecha
Inciertos. Así describen los comicios generales de este domingo los principales medios de comunicación guatemaltecos por las crecientes preocupaciones respecto a la transparencia de las campañas, su financiación y a los cuestionamientos sobre la idoneidad de algunas candidaturas, en un país que vio cómo cayó por escándalos de sobornos el gobierno de Otto Pérez Molina y cómo su sucesor expulsó al presidente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el principal azote contra la corrupción en ese país.
Cerca de 7,9 millones de ciudadanos se enfrentan este domingo a una maratónica votación en la que se elegirá al presidente de la república, entre una lista de 21 candidatos. Además, 160 diputados del Congreso, representantes municipales y delegados al Parlamento Centroamericano.
Con la esperanza de salir del marasmo de la corrupción y la economía decreciente que impulsan la masiva emigración hacia Estados Unidos, este año un nuevo factor atravesó las campañas: las reformas a la Ley Electoral y Partidos Políticos, una respuesta a las protestas por la compra de votos y el financiamiento ilegal de los partidos en las elecciones del 2015, donde salió elegido el actual mandatario –y humorista– Jimmy Morales.
Aunque las medidas pretendían calmar a los votantes, según analistas, resultaron en un panorama insólito, donde las campañas tuvieron que trasladarse a medios que no fueran los tradicionales (radio, televisión, internet), y en el que varios candidatos fueron aceptados a pesar de cargar con investigaciones judiciales, mientras que otros fueron rechazados por la misma razón.
Fue el caso de la exfiscal Thelma Aldana, a quien el Tribunal Supremo le negó la postulación sustentando una orden de captura por supuestos delitos de “peculado, falsedad ideológica y defraudación tributaria”.
El rechazo de Aldana no fue bien recibido, pues en los primeros sondeos figuraba como favorita tras su popular gestión en la Fiscalía, donde lideró una denodada cruzada contra la corrupción junto al magistrado colombiano Iván Velásquez, quien no puede volver al país por orden de Morales.
Entre los dos promovieron al menos nueve casos judiciales, uno de los cuales terminó con la encarcelación de Pérez Molina en 2015 y otro involucró al mismo Morales y su familia.
Todo esto bajo el marco de la Cicig, un órgano configurado en 2006 entre las Naciones Unidas y el Gobierno, para combatir la amenaza de cuerpos armados ilegales y la imagen desfavorable de las instituciones.
Por esto, Aldana aseguró que la decisión “fue orquestada por un sistema defensor de la impunidad que la vio como ‘estorbo’ para sus intereses ilícitos”, y se declaró víctima de persecución política.
Otra polémica surgió tras la negativa a la candidatura de Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, quien se perfilaba como favorita. La justicia explicó que familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad de caudillos no pueden ser presidenciables, según dicha ley.
Alejandro Giammattei, candidato presidencial de Guatemala por el partido Vamos.
En diálogo con EL TIEMPO, la especialista en Seguridad y Defensa Silvia Restorff aseguró que estas decisiones “crearon confusión desde el inicio del proceso electoral, el más incierto de la democracia en el país. En esta ocasión se ven las elecciones como una amenaza y las opciones de ganar con cualquiera de los candidatos son muy desalentadoras”. Restorff subrayó que, según diversas investigaciones, la mayoría de partidos no hizo público el origen de su financiamiento.
Justo en la recta final se sumó otro escándalo: el fiscal contra delitos electorales que vigilaba los gastos de las campañas, Óscar Shaad, salió del país con permiso de ausentarse por tres meses. Según el analista político Jorge Ceballos, este hecho se vio envuelto en contradicciones, pues, posteriormente, Shaad declaró que se iba por una serie de amenazas en su contra.
“Que el ministerio denegara esta aclaración genera más desconcierto en el electorado, lo que algunos utilizaron como un mensaje de que el proceso está viciado”, agregó Ceballos.
Frente a este complejo escenario, de acuerdo con la última encuesta de la Fundación Libertad y Desarrollo, una exprimera dama y un exdirector del sistema penitenciario son ahora los más opcionados para llegar a segunda vuelta, ya que, según Ceballos, la gran cantidad de partidos y la inconsistencia en las campañas aleja la posibilidad de un triunfo en primera.
Se trata de Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom, y Alejandro Giammattei, quien supervisó el sistema penitenciario entre 2002 y 2007, y basó su propuesta en medidas para frenar el crimen, incluidas penas más severas por posesión ilegal de armas.
Torres, que se hizo célebre por separarse de Colom, aparentemente, para romper el obstáculo legal que le impedía optar por la presidencia en 2011, esta vez lidera los sondeos como cabeza de uno de los partidos más fuertes de Guatemala, el UNE.
Según Carlos Rodríguez, diputado de este partido, su principal propuesta es “la reactivación de la economía con reformas como la Ley de Competencia (solo Guatemala y Cuba no cuentan con ella)”.
De acuerdo con el UNE, la crisis económica del país, que lleva años ocupando el primer puesto de desnutrición infantil en América Latina y uno de los más altos del mundo, debe ser el foco del gobierno. “Guatemala no puede caer en el mismo error de hace 4 años con Jimmy Morales”, dijo a este diario.
Sin embargo, tanto Restorff como Ceballos coincidieron en que el mayor reto del futuro presidente no deja de ser la corrupción, “que es trasfondo de los demás asuntos de la agenda y, lamentablemente, es el tema que desde el 2015 dividió toda la sociedad guatemalteca”, apunta Ceballos.
Que el ministerio denegara esta aclaración genera más desconcierto en el electorado, lo que algunos utilizaron como un mensaje de que el proceso está viciado.
Este desfalco del fondo público, ya sin la presencia disuasiva de la Cicig, es responsable de la galopante pobreza y los crecientes índices de violencia que impulsan a diario la masiva emigración hacia EE. UU., que ya ha sumado más de un millón de indocumentados.
Además, las relaciones con EE. UU. se han deteriorado, después de que el presidente Donald Trump anunció en enero que dejaría de brindar apoyo económico a países centroamericanos por “no haber frenado a tiempo la migración”.
Lastimosamente, si el humorista Morales dejó el país sumido en la incertidumbre, el panorama que se viene para Guatemala no luce nada prometedor.
Annie Valentina Gómez
Redacción Internacional
Twitter @annievgomez