El duro pulso que Moreno se juega con los indígenas en Ecuador

Han pasado 10 días desde que miles de indígenas se movilizaron hacia Quito en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles decretado por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien ha reiterado que su decisión es irreversible, al tiempo que los manifestantes aseguran que solo dejarán las calles cuando la medida se derogue, en un pulso que mantiene al país convulsionado.

El cálculo le resultó mal al presidente ecuatoriano. Aunque declaró el estado de excepción para “evitar el caos”, Moreno trasladó su gobierno a Guayaquil, desde donde vio cómo en las calles de la capital miles de indígenas exigían echar para atrás la eliminación del subsidio a los combustibles, que hace parte de un paquete de acuerdos para recibir créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.209 millones de dólares y enfrentar el déficit fiscal.

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La tensión no paraba de subir. En las protestas se presentaron choques entre las autoridades y los manifestantes, quienes lograron tomarse momentáneamente la sede de la Asamblea Nacional el martes pasado, obligando a Moreno a declarar un toque de queda parcial.

Las confrontaciones entre indígenas y uniformados dejaron al menos cinco muertos (cuatro indígenas), 9937 heridos y 1121 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Militarización y toque de queda en Quito

Ante el rebrote de la violencia Moreno ofreció a los indígenas un diálogo directo y en las últimas horas voceros de la Asociación de municipalidades del Ecuador (AME), anunciaron que Moreno cedió para revisar el decreto. “Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones”, dijo.

Sin embargo, Moreno en una breve aparición en cadena nacional no informó oficialmente su decisión y por el contrario declaró la militarización y el toque de queda en la ciudad de Quito y sus valles desde este sábado a las tres de la tarde. Esto tras conocerse actos de vandalismo en la Contraloría General.

Así mismo, este sábado en la tarde se presentaron ataques contra el canal de televisión Teleamazonas y el periódico El Comercio por parte de vándalos, aunque no se pudo reconocer su origen.
  
Los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también abrieron sus puertas al diálogo bajo condiciones mínimas: que sea público y transmitido a nivel nacional y bajo la movilización nacional vigente, en un lugar independiente sin injerencias políticas y con la intervención de la ONU, Amnistía Internacional, organizaciones de Derechos Humanos y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

La eliminación de subsidios a los combustibles era una materia pendiente que los anteriores mandatarios evitaron precisamente por el temor a la reacción social, no obstante que el país tenía los precios más bajos de la región, después de Venezuela.

En total, y de acuerdo con cifras oficiales, la economía destinaba más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios a esos combustibles. Y en los últimos 12 años le significaron 40.000 millones de dólares, lo que equivale al total de la deuda externa del país, según el analista económico Jaime Carrera.

El vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonnenholzner, afirmó este sábado que la decisión se tomó frente a la encrucijada de mantener el subsidio o la dolarización de la economía, adoptada por Ecuador en el 2000.

Sin embargo, las justificaciones gubernamentales para adoptar la medida no fueron suficientes para evitar la protesta de transportadores que se inició el 2 de octubre y se zanjó con un incremento del pasaje de los buses. Tampoco para frenar la movilización de los indígenas, una de las más grandes registradas en la historia del país.

Las pérdidas ocasionadas por las protestas son millonarias y difíciles de cuantificar, por lo que los sectores productivos han levantado su voz para que se busque una solución pronta y se evite más daño económico al país.

Las cámaras de comercio dicen que se han perdido unos 120 millones de dólares diarios y, según el representante Francisco Briones, “el país ha dejado de producir alrededor de 1.200 a 1.300 millones de dólares”.

A esto se suma el desabastecimiento en ciertas provincias, que ha obligado a establecer puentes aéreos para llevar alimentos. El incremento de precios en los productos ya se siente en los mercados del país.

Medida necesaria

Para el director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), José Hidalgo, la eliminación de las subvenciones a los combustibles era una “medida adecuada y necesaria porque está eliminando un desequilibrio y uso inadecuado de los recursos del Estado que era aprovechado por sectores empresariales e incluso contrabandistas”.

“Estos 1.300 millones de dólares que el Estado se va a ahorrar en subsidios tienen que servir para bajar el déficit fiscal, pero también para atender a los sectores más vulnerables”, dijo a EL TIEMPO.

Y esa es, justamente, la base del reclamo, según lo establece el catedrático de la Flacso Franklin Ramírez, quien afirmó que hay una evidente lucha política entre sectores sociales contrarios a la política del FMI y un gobierno empresarial que quiere defender su agenda, “aunque aquello suponga el colapso del régimen democrático”.

Para Ramírez, se trata de un paquete económico que va más allá del “gasolinazo”. “Se continúa con la política de excepción tributaria y amnistías fiscales a los grandes grupos de poder; se libera el comercio quitando aranceles a bienes suntuarios, lo cual impacta en la balanza de pagos, en la capacidad de recaudación del Estado y en la sostenibilidad de la dolarización. Y lo más fuerte, hay una conculcación de los derechos de los trabajadores”, afirmó.

Lo cierto, según el analista, es que el costo de legitimidad política para Moreno ya está sobre la mesa.

Ana Lucía Román
Para EL TIEMPO
Quito