La oscura semana que tiene al rojo vivo la crisis catalana
Este domingo termina una semana de tensión política y social en Cataluña, marcada por declaraciones de todos los personajes políticos de España y por los altercados en las calles de esa comunidad autónoma.
Las imágenes y los hechos que quedaron registrados son carros en llamas, agentes antidisturbios en las calles, marchas estudiantiles, protestas pacíficas, tensión en el Parlamento y diálogos políticos.
Al panorama ya enardecido han echado llamas las actitudes de los líderes independentistas más visibles en este momento: el presidente catalán, Quim Torra, que amenazó con volver a convocar un referendo de autodeterminación, y Carles Puigdemont, expresidente huido de la justicia, que desde Bélgica se opuso a ser entregado a España.
Y es que las movilizaciones masivas se despertaron tras las sentencias de cárcel del lunes pasado a líderes secesionistas que impulsaron la proclamación ilegal –y fallida– de una nueva república hace 2 años. El Tribunal Supremo español dictó de nuevo una euroorden de detención a Puigdemont y un juez belga lo dejó el viernes en libertad sin fianza, al igual que la primera vez, hace un año y medio.
Si para poner las urnas por la autodeterminación nos condenan a 100 años, se deberá volver a poner urnas para la autodeterminación
Torra, por su parte, desafió en una sesión extraordinaria a la justicia española: “Lo volveremos a hacer”, dijo. “Si para poner las urnas por la autodeterminación nos condenan a 100 años, se deberá volver a poner urnas para la autodeterminación”. Sin embargo, la jugada le salió mal, pues no recibió apoyos de los otros partidos independentistas, que consideraron inoportuno el momento para poner plazos.
Torra también ha sido blanco de críticas por su actitud ambivalente. Por un lado, no acepta las sentencias y echa gasolina en el fuego independentista, y por el otro, condena la violencia. Tardó en hacerlo, eso sí, y ha pedido a la policía local “proporcionalidad” para hacer frente a los manifestantes.
Mientras tanto, la marcha del viernes concluyó con la lectura de un comunicado en la voz de Elisenda Paluzie, presidenta de la organización independentista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), quien defendió una nueva declaración unilateral de independencia, tal y como ocurrió en octubre de 2017.
“Les pedimos a los partidos independentistas que esto no sea una maniobra de dilatación de los tiempos. Si el diálogo no llega, prepárense para sostener una declaración unilateral de independencia, estaremos ahí para defender a la gente pacíficamente”.
La respuesta oficial
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, dejó claro el viernes que el Estado de derecho “no puede ceder al impulso de la exaltación” y avisó al presidente regional catalán del peligro de “banalizar” la violencia y recalcó que “no habrá impunidad” ante los hechos “vandálicos” de los últimos días que, alertó, pueden tener “efectos graves” sobre la economía y la convivencia.
Además, recordó que cualquier decisión que se vaya a tomar en Cataluña “está prevista” y se ha diseñado bajo los principios de “firmeza democrática, unidad y proporcionalidad”.
Mientras tanto, y como respuesta a la situación y a las declaraciones ambivalentes de Torra, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, le pidió a este que decida si quiere ser “el presidente de los catalanes o un activista”.
Pronunciamiento al que se sumó el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, al afirmar durante su paso por Colombia a agencia Efe que Torra debe condenar de manera “explícita” los actos de violencia, “hay que exigirle una condena explícita, completa y sin tapujos de la violencia”.
Y enfatizó que “el presidente de Gobierno ha dicho bien claro el rechazo a la violencia, no puede ser que por la mañana la misma persona llame a las manifestaciones y no condene la violencia, y por la tarde sea el responsable del mantenimiento del orden público”.
La violencia
Las protestas han dejado imágenes violentas, más de un centenar de heridos y una treintena de detenidos. Se han quemado más de 400 contenedores y una decena de carros, según el Ayuntamiento de Barcelona. Más de medio millón de personas se movilizaron en cuatro diferentes marchas que confluyeron el viernes en una gran jornada de huelga general.
La herramienta que promueve estas protestas se coordina desde una plataforma llamada Tsunami Democrático, a través de redes sociales y de forma anónima. La Audiencia Nacional ordenó el cierre de estas páginas el viernes. Y el gobierno central condenó los hechos de “grupos perfectamente organizados” y destacó la “excelente” labor de las fuerzas policiales.
La violencia se debe, según las autoridades, a que en las marchas se han colado grupos de activistas de extrema derecha que aprovechan el caos para agudizarlo mediante el empleo del vandalismo.
El gobierno central descartó acudir al artículo 155 de la Constitución, que permite la intervención del Estado en una autonomía ante sus incumplimientos, pese a que algunos líderes de partidos de la oposición le habían pedido que lo ejecutara, tal como hizo el expresidente Mariano Rajoy tras la declaración de la independencia.
“Lo que ocurre en Cataluña es un conflicto fundamentalmente entre catalanes, es un conflicto entre los partidarios de la independencia y los que no lo son, no lo somos, que debe partir del reconocimiento y el respeto al Estado de derecho y a las decisiones judiciales”, aseguró Borrell a Efe .
Antesala a las elecciones
Todo esto ocurre a pocos días de la celebración de elecciones generales, que tendrán lugar el 10 de noviembre, y los partidos políticos buscan la posición que más réditos les den en las urnas.
Por una parte, el Partido Socialista Obrero Español (Psoe, en el poder) espera aglutinar a la izquierda. Al ser más moderado que Unidas Podemos y Más País, quiere dar una impresión de estabilidad, de firmeza constitucional, y abrazar a los votantes que en momentos de incertidumbre adoptan posiciones más conservadoras. Va a la cabeza de las encuestas, aunque su posición baja respecto a la que obtuvo en las últimas elecciones, en abril.
Por otra parte, la derecha está fraccionada. El Partido Popular –segundo lugar en las encuestas– mantiene un tono duro contra los secesionistas, para evitar que sus votantes se pasen a Vox, el emergente partido extremista que se consolida con un duro discurso antiindependentista, o a Ciudadanos, de centro-derecha, que no abandona su postura contraria a la independencia, pero que no se ha mostrado radical. La estrategia a este último no le ha funcionado, pues va en bajada en las encuestas. Entre ellos tres se pelean los votos de la derecha.
Todos los partidos mantendrán esa lucha por lograr un espacio sólido en las elecciones de noviembre, en las que se prevé que el Psoe obtenga más votos que los demás. Habrá que ver qué porcentaje antes de que empiecen los movimientos y negociaciones que permitirán que su líder, Sánchez, forme gobierno, o que lo impedirán, como pasó en abril. Es una circunstancia que por ahora no parece muy real.
La condena judicial a los independentistas ha provocado un clima preocupante en España, que traspasa los escenarios políticos. La sombra del independentismo catalán resurge y cubre todo el país de incertidumbre.
JUANITA SAMPER OSPINA*
Corresponsal de EL TIEMPO
MADRID
*Con EFE