Bachelet prende alarmas por niños venezolanos que esperan trasplantes
“Permítanme hacer aquí un comentario como mujer, madre y pediatra: sigue siendo urgente atender la situación de las niñas y los niños venezolanos con necesidades de trasplante. Hasta hoy, 38 siguen en lista de espera en Venezuela y seis están pendientes de ser atendidos en Argentina”, dijo este martes en Ginebra Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
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“Según información recibida, las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para el tratamiento. A esto se suma la situación crítica del hospital infantil J. M. de los Ríos en Caracas: al final de 2019, solo el 21 por ciento de sus camas se encontraban operativas”, continuó la funcionaria, quien también indicó que algunos menores murieron esperando el procedimiento.
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En ese contexto, Bachelet reiteró su preocupación por “la imposición de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea Conviasa, así como a la industria petrolera, disminuyendo los recursos del Gobierno destinados al gasto social”.
En varias ocasiones, la alta comisionada ha asegurado que estas sanciones pueden acelerar el deterioro de los derechos económicos y sociales, ya de por sí maltrechos, y que según la ONU han forzado la salida de 4.9 millones de venezolanos del país.
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Más de dos millones de personas en Venezuela se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa.
Citando las cifras que había revelado el Programa Mundial de Alimentos, la alta comisionada aseguró que más de dos millones de personas en Venezuela se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa y otros siete millones en la misma situación, pero de manera moderada.
“A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del escrutinio estricto, o sea de overcompliance, del sector financiero”, dijo Bachelet.
En Venezuela continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición
Los derechos civiles y políticos tampoco van bien
Por otro lado, la alta comisionada indicó que desde su última actualización, en diciembre pasado, en Venezuela “continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición. Desde el 5 de enero las fuerzas de seguridad han dificultado el acceso de dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional”.
Bachelet indicó que su oficina registró ataques contra opositores políticos, manifestantes, autoridades universitarias, líderes sindicales y periodistas “sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo”.
De igual manera, informó que se documentaron casos de allanamientos a sedes de partidos políticos, ONG, y medios de comunicación: “Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas”.
Se documentaron casos de allanamientos a sedes de partidos políticos, ONG, y medios de comunicación. El caso más reciente fue hace algunas semanas a la casa de Juan José Márquez, tío de Juan Guaidó.
Así mismo, la alta comisionada manifestó que su oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia en Caracas.
“Confío en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles”, manifestó Bachelet, antes de llamar al Gobierno y la oposición “a que actúen con la altura de miras que el país merece para evitar un mayor escalamiento en la confrontación política que pueda traducirse en mayores acciones violentas”.
La alocución de la alta comisionada es la tercera de las actualizaciones orales que hará sobre Venezuela por solicitud del Consejo de Derechos Humanos. En septiembre pasado, este órgano de la ONU adoptó dos resoluciones en las que le pidieron monitorear la situación en el país. Una versión escrita de los hallazgos de su oficina será discutida en la próxima sesión del Consejo, que tendrá lugar del 15 de junio al 3 de julio en Ginebra.
Carmen Lucía Castaño
Para EL TIEMPO
Ginebra