Los generales de América Latina conocen su lugar

La primera vez que vislumbré la democracia latinoamericana en peligro ni siquiera había llegado. Esto era Brasil, en 1983, cuando el gobierno militar administraba lo que el general Ernesto Geisel, presidente de 1974 a 1979, llamó una “apertura política lenta, gradual y segura”.

Los manifestantes desempleados y los militantes sindicales no estaban de humor para esperar y, bendecidos por obispos católicos politizados, coronaron tres días de rabia al apresurar el palacio del gobernador en São Paulo. La policía los rechazó y el gobernador, el primero elegido por votación popular desde la década de 1960, amenazó con llamar a las tropas federales. “La violencia callejera está poniendo a prueba la apertura a la democracia”, advirtió el presidente João Baptista Figueiredo, un general retirado.

La casa del estado de São Paulo no cayó ese día y las tropas federales no acudieron al rescate. La débil apertura de Brasil a la democracia se arrastró rápidamente y no se ha interrumpido en los 35 años posteriores. A pesar de la enorme deuda externa, dos presidentes derribados por juicio político, injertos sin precedentes, manifestaciones violentas y una presencia militar recientemente acumulada en Brasilia, las fuerzas armadas no están regresando.

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Lo que está en juego hoy en Brasil y sus vecinos no es un retorno al gobierno marcial, sino el lamentable estado de la democracia y las dudas persistentes sobre si los líderes elegidos pueden cumplir con las crecientes expectativas de un público exigente sin pisotear el Estado de derecho o pedir apoyo.

Guatemala, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia: cada semana parece traer otra conflagración en las Américas. Las autoridades están desconcertadas y arremeten, respondiendo a la furia en las calles con porras y gases lacrimógenos, o algo peor. Cuando nada de eso funciona, los líderes sitiados se retiran detrás de las puertas del palacio y una falange de comandantes militares.

La tentación pretoriana de América Latina tiene muchas razones. La violencia criminal a nivel mundial, el establecimiento político venal y las economías de crecimiento más lento corroen la confianza en la capacidad de la autoridad civil para brindar estabilidad y alivio, sin importar la prosperidad. Y cuando estallan las frustraciones, como lo han hecho desde Tegucigalpa hasta Santiago, los líderes debilitados saben a quién llamar.

“Todavía hay un sentimiento generalizado entre muchos en América Latina de que en tiempos de problemas, las fuerzas armadas son el último recurso”, me dijo Christoph Harig, un académico de América Latina en la Universidad de las Fuerzas Armadas Federales en Hamburgo (Alemania). “En muchos sentidos, nunca se fueron”.

Esta evaluación puede parecer incongruente. El gobierno de la junta pasó de moda hace décadas. A excepción de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde las fuerzas armadas son parte de la franquicia gobernante, las elecciones libres y mayormente justas son el estándar regional. En la mayoría de los países de América Central y del Sur, los tribunales y las legislaturas mantienen a los presidentes bajo control, o cuando no lo hacen, la gente protesta.

Claro, algunos militares no reconstruidos están demasiado dispuestos a repetir una era de oro marcial imaginada. Incluso después de que abandonaron el palacio, los jefes brasileños se aseguraron de extender su contrato de arrendamiento hasta tiempos democráticos. La actual carta de 1988, que estaba llena de salvaguardas contra el decreto autoritario, tenía una disposición a prueba de fallas (artículo 142) que consagraba a las fuerzas armadas como garantes de los “poderes constitucionales”. Era como si todos estuvieran de acuerdo “en que la república todavía necesita una muleta”, escribe el historiador José Murilo de Carvalho, un estudioso de la política militar.

Sin embargo, cada vez más, los comandantes militares de la región aceptaron su nuevo informe y se ocuparon de profesionalizar a las fuerzas armadas, dejando la política a los políticos y, sobre todo, ocultándose cuando los civiles se portan mal. No es coincidencia que los golpes de Estado hayan disminuido drásticamente desde el regreso de la región a la democracia electoral en los 80 y 90.

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Parte de la nueva abstinencia se debe a la sensibilidad cambiante en los cuarteles. Los oficiales más jóvenes criados después de la dictadura tienen una conexión más profunda con la democracia. Saben que los cuidadores militares no solo eclipsaron la libertad política en América Latina, sino que también patrocinaron una violencia horrible y violaciones indecibles de los derechos humanos que dejaron cicatrices.

Incluso la vieja guardia es consciente de que la era de las juntas no terminó bien, y que la restauración del gobierno civil también viene acompañada de comisiones de la verdad, juicios de derechos humanos y demandas de reparación. Quizás en ninguna parte fue esto más evidente que en Argentina, donde una combinación de crímenes (la Guerra Sucia), errores estratégicos (la desastrosa guerra de Malvinas) y retribución avergonzó a las fuerzas armadas para que se retiraran.

“Hubo un tiempo en que los militares fuera de servicio no usaban sus uniformes en público”, dijo el historiador argentino Federico Finchelstein, de la Nueva Escuela de Investigación Social.

“Hoy no hay lugar para los militares argentinos en la política”. La reticencia a cruzar las líneas se extiende incluso a Chile, donde el recuerdo del general Augusto Pinochet todavía hace que los pulsos de los reclutas de línea dura se aceleren. “Los militares chilenos no están interesados en un nuevo estado de excepción”, dijo Harig. “La mayoría de las fuerzas armadas desconfían de asumir funciones de gobierno”.

La retirada de la política después del regreso de la democracia ha ayudado a limpiar la reputación de las fuerzas armadas y restaurar su posición e imagen como corredores honestos. Nunca fue así; sin embargo, la fantasía se ha ganado a las fuerzas armadas, disgustadas por la falta de fondos, algunos ‘quid pro quo’: el gasto militar sudamericano aumentó un 3,1 % el año pasado. A su vez, los gobernantes civiles sacaron provecho de la garantía de reputación militar.

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“Hay razones por las cuales los militares se convierten en una herramienta política útil”, me dijo Matthew Taylor, especialista en América Latina de la Universidad Americana. “Tienen una legitimidad bastante duradera cuando otras instituciones han visto una disminución de la aprobación”.

El punto no se perdió en el presidente brasileño Jair Bolsonaro, un excapitán del ejército que llenó su gabinete con generales retirados decorados, superando, incluso, a los gobiernos militares pasados que tanto admira. No importa que la mayoría de los jefes de Bolsonaro sean mucho más moderados políticamente que él. El peligro es cuando los líderes nacionales en dificultades piden a los militares que resuelvan los problemas por los que no tienen nada que hacer.

América Latina es la región más asesina del mundo, y la violencia en metástasis ha socavado la fe en la justicia, la aplicación de la ley y la mayoría del establecimiento político. De ahí la preferencia de los funcionarios en las naciones de alto crimen de desplegar soldados para el trabajo policial. En México y Brasil, la policía tradicional está abrumada o comprometida por el narcotráfico. En Colombia, las fuerzas armadas han sido durante mucho tiempo parte de la respuesta a las pandillas ilegales.

Sin embargo, aparte de los líderes que buscan credibilidad, militarizar el trabajo policial no agrada a nadie. Llevar las armas de guerra a las calles confunde mal a los soldados, entrenados para someter y matar a un enemigo, como fuerzas de paz.

El riesgo es la violencia desproporcionada, el aumento de las violaciones de los derechos humanos y la mancha de la propia marca militar. Así fue en abril, cuando los soldados asignados para contener el crimen callejero en Río dispararon más de 80 disparos contra lo que confundieron como un vehículo robado, matando a un músico de 51 años e hiriendo a dos de su familia.

No obstante, el prestigio relativo de los militares ha resultado conveniente cuando la democracia se vuelve desordenada y las autoridades civiles tropiezan. En Bolivia, el autoproclamado presidente socialista Evo Morales cortejó activamente al alto mando militar, una deferencia que fracasó cuando perdió el control en las turbulentas secuelas de una elección contaminada.

En Brasil, el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, prodigó a las tropas con grandes presupuestos y artilugios, incluido un legado cuestionable de $ 5,4 mil millones de 36 aviones de combate de Suecia, aunque nada de eso sirvió a su desafortunada sucesora, Dilma Rousseff, cuando coqueteó llamando al ejército para evitar su juicio político.

En muchas situaciones, los militares han sido llamados a la acción para defender el orden constitucional, no para usurparlo. Bloqueado por una legislatura intransigente controlada por la oposición, el peruano Martín Vizcarra invocó una regla controvertida para disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones, apoyándose en el ejército como respaldo. Un comité de transición del Congreso prevalecerá hasta las elecciones de enero.

En octubre, el ecuatoriano Lenin Moreno recurrió al ejército cuando los manifestantes rodearon el palacio luego de declarar medidas de austeridad fiscalmente saludables pero políticamente desastrosas.

Después de todo, si bien el ejército ecuatoriano rara vez se ha aferrado al poder, “han estado detrás de cada agitación política y cambio de régimen desde la restauración de la democracia”, dice Andrés Mejía, profesor de Economía Política en el King’s College de Londres.

En Bolivia, Morales precipitó su propia caída al buscar un cuarto mandato consecutivo, ignorando la voluntad pública y los límites de plazo establecidos en la constitución que escribió su propio partido. Sí, los militares se extralimitaron al recomendarle que renunciara, una solicitud que los líderes civiles ignoran bajo su propio riesgo.

Sin embargo, lo hizo solo después de que las calles explotaron, la policía se amotinó y la Central de Trabajadores de Bolivia, un antiguo aliado, pidió la renuncia de Morales ante la evidencia generalizada de que había reclamado la victoria en una elección robada. La preocupación por el exceso militar en la política disminuyó cuando el Congreso boliviano, dominado por el partido de Morales, votó abrumadoramente por celebrar nuevas elecciones. Los bolivianos verán si el gobierno provisional de Jeanine Ánez, una crítica rabiosa de Morales, se apega a su mandato de transición o se calienta al trono.

Lo último que necesitan Bolivia y sus vecinos es un ejército activista, que puede exigir una reparación temporal contra aventureros y aspirantes a tiranos, pero es un anatema para el Estado de derecho y el orden constitucional.

En una democracia adecuada, defender la Constitución es un trabajo para los tribunales y las legislaturas. Con demasiada frecuencia, ambas instituciones son débiles o capturadas, creando un vacío donde las charreteras representan los controles y equilibrios en los que florece o falla la democracia. El desafío de hoy es más cómo arreglar una clase política de bajo rendimiento demasiado ansiosa por comerciar con el prestigio prestado.

Los latinoamericanos podrían seguir el ejemplo de Uruguay. En octubre, cuando los legisladores de derecha avivaron el miedo al aumento del crimen y propusieron una enmienda constitucional para militarizar la policía, decenas de miles de ciudadanos enojados salieron a las calles de Montevideo, no para burlarse de un gobierno desacreditado, sino para denunciar lo que veían como una amenaza a la democracia. Afortunadamente, los uruguayos votaron para mantener a los militares donde pertenecen, en sus cuarteles.

Excepciones: Bolivia y El Salvador

Dos casos recientes en la región han sido la excepción a la falta de intervención por parte del ejército en cuestiones políticas. La primera se dio en noviembre del año pasado cuando el ejército obligó a Evo Morales a renunciar a la presidencia bajo la justificación de que el entonces presidente había cometido fraude electoral para ser reelegido. Morales tuvo que huir del país.

El segundo caso, y más reciente, fue en febrero de este año, el presidente de El Salvador Nayib Bukele, después que los diputados se negaran a aprobar un préstamo por 109 millones de dólares clave para financiar la estrategia de seguridad, desafió a los legisladores al irrumpir con oficiales de la Policía y militares en la Asamblea Legislativa, sentarse en la silla del presidente parlamentario y ordenar el inicio de la sesión, amparado, dijo, “por un derecho divino”.

MAC MARGOLIS
Bloomberg