El Retorno

Movilidad entre penurias y estigmatización

Tras el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, el 14 de marzo pasado se habilitó el paso por el Puente Internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario, Cúcuta. El objetivo era que los migrantes pendulares, quienes iban y venían por trabajo y quedaron atrapados en Colombia tras el cierre del paso, pudieran regresar a Venezuela. Durante tres días consecutivos se permitió la salida de por lo menos 27.000 ciudadanos venezolanos hacia su país, según información de Juan Francisco Espinosa Palacios, director General de Migración Colombia

Desde el 4 de abril pasado se iniciaron otras acciones. Muchos migrantes, provenientes de Ecuador y residentes en Colombia, emprendieron el retorno obligatorio a su país. El Gobierno dispuso salidas por tres puntos: el puente Simón Bolívar, en Cúcuta; el Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca, y esporádicamente ha permitido el paso por Paraguachón, en La Guajira. Pero también han salido por Puerto Carreño e Inírida.

Las escuetas cifras de Migración Colombia dan cuenta de que el 45% de los que han salido son hombres, el 36% mujeres y el 19% niños, niñas y adolescentes, es decir que por lo menos 5.000 son menores de edad.

Los venezolanos abandonan Colombia con una carga de tristeza. Así lo confirman 16 testimonios recogidos en terreno en Ipiales (Nariño), frontera con Ecuador; Riohacha (La Guajira en el Caribe), Cúcuta y Pamplona (Norte de Santander) y Tame (Arauca), frontera con Venezuela.

“Estábamos caminando y de repente empezó a mirarme. Se me lanzó y me manoseó. Yo lo empujé. Fue muy humillante. Él no quería continuar el camino, entonces le dije que me iba sola”

Ángeles

Por las calles de Pamplona transitan resignados, llorosos y cansados, relata Martha Duque Mera, quien hace tres años convirtió su casa en uno de los cuatro albergues que hay en el municipio, por lo que fue señalada y criticada por sus vecinos y denunciada ante la autoridad.

Los albergues tuvieron que cerrarse, por orden de la Alcaldía. El 17 de marzo el mandatario, Humberto Pisciotti Quintero, expidió el decreto 0032 para “prohibir el ingreso y permanencia de migrantes en estado de irregularidad dentro de la jurisdicción del municipio de Pamplona, para lo cual se impartirán las respectivas órdenes a la Policía Nacional para que aposte un puesto de control de verificación sobre la vía de ingreso de la ruta Cúcuta – Pamplona, para contener el riesgo de contagio y/o de propagación de la enfermedad COVID-19 a la población residente”. A pesar de que se buscó al Alcalde para una entrevista, no hubo respuesta.

Duque Mera critica la medida y cuestiona a muchos habitantes de su ciudad. No se reserva para hablar y deja ver su dolor. “Los hermanos venezolanos y los migrantes, hoy en día pasan y se quejan del maltrato. Los azotó el hambre, las necesidades, la enfermedad que vivían en su país. Ahora los azota esta pandemia mundial… Los azota la persecución, el miedo de la gente que cree que todos van contagiados. Esto parece una película de terror. Nadie quiere ni mirarles ni contestarles. Es un rechazo total hacia esta población y los que tenemos la disponibilidad de ayudar, somos vigilados, perseguidos. Nuestros vecinos nos toman fotos si nos ven hablando con ellos”, dice.

Desafiando a la autoridad, como puede les pasa ollas con comida e incluso les permite a mujeres con niños que entren a su casa a descansar y asearse. También cuenta que desde que autorizaron el retorno, por Pamplona alcanzaron a pasar diez buses diarios en promedio; y grupos de hasta 50 caminantes. Para Martha Duque, iban a la deriva. Muchos no sabían hacia dónde dirigirse. Pasaban por Pamplona y luego se regresaban para subir el páramo e ir a Bucaramanga. “Les preguntaba para dónde iban y no sabían. Los albergues que funcionaron eran de organizaciones como los Jesuitas, iglesias, la Cruz Roja, civiles”, cuenta.