Qué es la Ley Bolívar y cómo puede afectar el diálogo entre chavismo y oposición
Con un recién reinicio del proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, Estados Unidos -país que exigía firmemente retomar esta mesa de negociación- se embarca ahora, a través del Senado, en lo que ha denominado Ley Bolívar, que prohíbe hacer negocios con la administración de Nicolás Maduro. Caracas, por su parte, ha solicitado el levantamiento de las sanciones económicas.
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El proyecto, denominado formalmente como Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, fue impulsado por el senador republicano de Florida, Rick Scott .
La legislación, que prohibe cualquier transacción con personas ligadas al gobierno venezolano, cuenta con el apoyo del senador Marco Rubio, y los congresistas Michael Waltz, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
En marzo de 2021, el proyecto de ley había quedado aprobado también por unanimidad por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.
“Todos sabemos lo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela. Está matando de hambre a sus propios ciudadanos. Encarcelando a sus enemigos políticos. Está proporcionando un punto de apoyo a Rusia, Irán, la China comunista y Hezbolá y está desestabilizando activamente nuestro hemisferio. No hay ninguna razón por la que el gobierno de los Estados Unidos deba trabajar con empresas que también trabajan con un dictador tan repugnante”, señaló Rick Scott.
Aunque aún falta la aprobación del Congreso, surge la duda de si esto afectará el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición, puesto que una de las condiciones del chavismo era el levantamiento de sanciones. Estados Unidos había dado muestras de atender la petición al permitir a la petrolera Chevron hacer negocios de nuevo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
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Ante la noticia de la ley, la Cancillería venezolana emitió un comunicado rechazando la aprobación alegando que es una muestra de no querer levantar las sanciones.
«Con esta propuesta de ley, que pretende hacer irreversible las medidas coercitivas unilaterales, se confirma que esos mismos sectores no tienen ningún interés en ver en Venezuela un proceso de desarrollo, una mejoría en la calidad de vida de nuestra población y mucho menos que se garanticen elecciones libres y justas, al promover más obstáculos y medidas hostiles en contra del país», reza el texto.
Para Scott “la aprobación de la ley Bolívar ejemplifica el compromiso del pueblo estadounidense de ser duro con nuestros enemigos cuando amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos”.
La Cancillería del país caribeño también alegó que la Ley , «vulnera la integridad del pueblo soberano de Venezuela así como la de las mismas empresas estadounidenses, al colocarlas en riesgo de ser penalizadas».
Entre los detalles de la Ley está la prohibición de que las agencias federales otorguen contratos del gobierno de Estados Unidos a empresas que tengan negocios la administración de Maduro.
La prohibición solo se aplicaría a los contratos celebrados a partir de la promulgación del proyecto de ley y «no afectaría ningún negocio con el gobierno legítimo electo de la Asamblea Nacional y sus sucesores electos». Esto hace referencia a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional electa en 2015.
También dispone las excepciones necesarias, incluso para la prestación de ayuda humanitaria, socorro en casos de desastre y cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros emite una licencia válida para hacer negocios en Venezuela.
Permite que el Secretario de Estado elimine la restricción cuando sea de interés nacional de los Estados Unidos.
En el pasado, la delegación del Gobierno se levantó de la mesa de negociación con la oposición por el encarcelamiento del empresario colombiano Álex Saab, y cuya esposa fue incorporada al proceso en días recientes.
Ahora, con esa Ley, surgen nuevamente las probabilidades de una paralización debido a que una de las peticiones principales del chavismo es el levantamiento de las sanciones económicas.
ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN
CORRESPONSAL EL TIEMPO
CARACAS
Con información de El Nacional (GDA)
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