Incertidumbre política reduce las previsiones de crecimiento económico en Perú

Durante varios años, la economía de Perú se mantuvo impasible ante los vaivenes de la política interna y logró un crecimiento sostenido que solo la pandemia paró en seco.

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El país comenzaba a subir la cuesta de la recuperación, pero hoy el clima de violencia y protestas en las calles parece haber terminado por disuadir el crecimiento y poner en pausa gran parte de la actividad.

Después de 42 fallecidos en las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en poco más de un mes y alrededor de 300 millones de dólares en pérdidas, los analistas prevén una desaceleración de la economía y una caída del alza del PIB a 2,5 por ciento en 2023.

«Los escenarios que se abren son múltiples, pero ninguno positivo. Ese crecimiento en torno al 2,5 o 3 %, siendo optimista, ahora es lo mejor que podríamos esperar en el corto plazo, porque todos los escenarios son con riesgo a la baja», declara el exministro de Economía Alonso Segura.

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Para finales de 2022, la economía peruana creció 2,9 por ciento, a pesar de las graves denuncias de corrupción y pedidos de destitución del entonces mandatario Pedro Castillo, que, finalmente, intentó dar un golpe de Estado, cuando se sintió acorralado por las sospechas de corrupción, y precipitó su vacancia.

Su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió la jefatura de Estado y presentó un gabinete de técnicos, que prometía devolver la calma a los actores económicos y relanzar un paquete de reactivación.

No obstante, las calles estallaron en el sur del país, donde hay importantes yacimientos mineros y de gas, con pedidos de nuevas elecciones generales inmediatas, una asamblea constituyente y la renuncia de Boluarte.

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Por eso, Segura menciona que hay «demasiadas variables que están en el aire. Todas ellas generan dos cosas: incertidumbre muy fuerte y discontinuidad en términos de capacidad productiva», especialmente en actividades como la minería y los hidrocarburos.

Para el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima, la economía peruana registraría una desaceleración en 2023, con un crecimiento en torno al 2,4 por ciento.

Atribuye ese comportamiento al «complicado escenario local» y no obstante que la minería logrará un alza estimada de 5,7 % por el ingreso de nuevas unidades cupríferas.

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Precisamente, la minería es uno de los sectores «afectados constantemente por las protestas y olas de violencia en el país», según indica en una proyección Óscar Chávez, jefe del Iedep.

El sector de servicios, que aporta la mitad del PIB, también caerá al 3,1 % según el Iedep y su recuperación estará «condicionada a la estabilidad social que garantice la libertad de sus operaciones», afirma Chávez.

Segura añade que si «continúa la violencia, lo primero que van a hacer las calificadoras de riesgo es bajar las calificaciones» y el país podría irse al último peldaño del grado de inversión.

El mes pasado, por ejemplo, la agencia S&P Global Ratings bajó la calificación de deuda en moneda extranjera a largo plazo del Perú a negativa.

Asimismo, Fitch Ratings bajó en octubre la calificación del Perú a negativa por un deterioro en la estabilidad política y en la efectividad del Gobierno.

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Y es que aunque el gobierno de Boluarte recibió el voto de confianza del Congreso, es difícil vislumbrar que las protestas bajen de intensidad muy pronto.

Ayer, de hecho, las protestas se extendieron a Lima, capital del país, mientras que los bloqueos de ruta persistían en el sur andino, afectando la turística ciudad de Cusco y el tren a Machu Picchu.

Arequipa, segunda ciudad del país, también estaba prácticamente bloqueada, sin comunicación terrestre con las vecinas regiones andinas de Cusco y Puno.

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Ayer, gobernadores regionales, como los de Puno, Apurímac y Cusco, y varios colegios profesionales del Perú se sumaron al pedido de renuncia de la presidenta Boluarte, agravando la situación política en el país.

Además de las 42 muertes registradas desde el inicio de las protestas hace más de un mes, hay 531 heridos —355 civiles y 176 agentes de la policía— y 329 detenidos, según dijo ayer la fiscalía.

Angie Nataly Ruiz (*)
REDACCIÓN INTERNACIONAL
Con información de AFP y EFE