Chile: ¿cómo redactará su nueva Constitución para que no naufrague en las urnas?

Con un proceso liderado por la clase política tradicional y normas prestablecidas se busca un texto más pragmático que el que fue rechazado hace cuatro meses, y que permita enterrar la Carta Magna escrita durante la dictadura.

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Lejos de la efervescencia que generó, hace casi dos años, la instalación de la convención constitucional que buscaba materializar una de las demandas más urgentes de las protestas de 2019, Chile inició en enero un nuevo y complejo camino para redactar su Constitución.

Ahora está más marcada por el sello de los políticos tradicionales que habían quedado al margen de la redacción de un texto que terminó siendo rechazado por un amplio margen de los votantes.

“Va a ser un proceso que no parte de cero. Hay 12 bases del proceso constituyente que dan garantías a la ciudadanía de que no vamos a tener una constitución refundacional, que fue una de las razones por las que se rechazó el texto anterior. Chile tiene una tradición democrática y constitucional donde está el principio de separación de poderes del estado, el respeto a la independencia del poder judicial y el derecho de propiedad”, señala a EL TIEMPO Matias Walker, presidente de la comisión de constitución del Senado chileno.

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Walker, quien fue uno de los protagonistas del llamado “Acuerdo por Chile”, con el que los partidos políticos lograron relanzar la iniciativa por una nueva carta magna, asegura que el nuevo proceso crea instancias que podrían dar garantías de que no se repitan los errores terminaron con un texto rechazado por más del 60 % de los chilenos.

“Habrá un consejo constitucional de 50 miembros, paritario, elegido por las regiones, y previamente va a haber un trabajo de un comité experto de 24 representantes, también paritario, elegido por el legislativo que va a elaborar un anteproyecto para que el trabajo no parta de cero”, aseguró.

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Una mesa de tres patas

A diferencia de los 155 convencionales electos popularmente en la pasada convención, quienes quedaron vetados en este nuevo proceso, la redacción de la nueva carta magna estará en manos de tres organismos, todos paritarios y dos de ellos elegidos por el legislativo: la comisión de 24 expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 12 abogados, a los que se suma un Consejo constitucional, de 50 miembros, única instancia elegida directamente por la ciudadanía.

“El primer acuerdo tenía un fuerte componente ciudadano y era además un proceso abierto, en términos de su contenido, no se sabía a qué se iba a llegar. El proceso actual es más tecnocrático, partidista y ya están determinados los contenidos del texto constitucional”, destaca en diálogo con EL TIEMPO, la académica de la Universidad de Chile, Marianne González.

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El próximo 6 de marzo será instalada la comisión de expertos sobre quienes recae la responsabilidad de la redacción inicial del texto que se deberá ajustar a las 12 bases constitucionales en las que se insiste en temáticas como la indivisibilidad del Estado chileno, la independencia de poderes y el respeto a los símbolos patrios.

Estos especialistas deberán entregar, tres meses después, el anteproyecto que será discutido por el Consejo Constitucional, cuyos miembros serán elegidos popularmente el 7 de mayo y se instalará a principios de junio.

“Se considera que la manera de resguardar y de obtener un contenido razonable del texto es con la participación de expertos que puedan pautear el proceso constituyente y son ellos los que van a ser los grandes redactores del texto constitucional”, señala González.

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Para el exsubsecretario de la Presidencia, Max Pavez, quien está entre los nombres más sonados para integrar la comisión de expertos, la gran diferencia con el primer intento de constitución es que hay un ambiente distinto para enfrentar el debate.

“El tono de confrontación y refundación ya no está presente. Las personas entendieron lo que es una constitución, sus alcances, sus limitaciones.
Ya conocimos la experiencia de esa borrachera populista, asambleísta, y ahora hay un sistema en el cual el mundo político ya no se desliga y el diálogo es institucional”, señaló Pavez a EL TIEMPO.

Respecto al Comité Técnico de admisibilidad, su función será únicamente como arbitro para velar que las normas que se propongan no vayan en contra de los preceptos acordados.

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Una constitución sin ideología

Uno de los principales obstáculos que tuvo el texto presentado por la pasada Convención Constitucional fue haber sido percibido por gran parte de la ciudadanía como un texto que representaba solo los ideales de la izquierda y de los movimientos sociales que marcaron el estallido social, y generaba discordia en asuntos fundamentales.

“Entre los temas más polémicos del proceso, que fracasó en setiembre pasado, estuvo el Estado plurinacional, que fue percibido como una propuesta que amenazaba la nacionalidad chilena. Este es un país en el que hay una larga tradición nacionalista y eso generó mucho ruido», señala a EL TIEMPO el abogado constitucionalista Javier Couso.

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Asimismo, sostiene que «también normas que fueron consideradas muy ambiciosas, como que el aborto quedara absolutamente instaurado en la constitución, además de una serie de cambios semánticos que generaron rechazo por desconocimiento o por fake news”,.

Pese a las marcadas diferencias entre ambos procesos, desde sectores de ultraderecha, que impulsaron el rechazo al anterior texto constitucional, se siguen encontrando motivos para desconfiar de la redacción de una nueva carta magna, que deje atrás la legada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973 -1990).

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“Los procesos son tremendamente similares, en el proceso anterior fue una asamblea constituyente como la que se va a elegir ahora, los quorum de aprobación interna incluso eran más altos, acá podría haber una mayoría que no considere a una minoría presente”, le dice a EL TIEMPO el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, quien asegura que estarán vigilantes para que “no se den los mismo vicios del proceso pasado”.

“Si el producto de la nueva asamblea constituyente es similar a lo que le propuso al país la primera fracasada, lo rechazaremos. De lo contrario, lo aprobaremos. Pero tenemos mucha preocupación de que los chilenos no tienen certeza de que esto funcionara”, señala Edwards.

Y es que uno de los talones de Aquiles del nuevo proceso podría ser justamente la falta de interés de la ciudadanía en la redacción del texto tras pasar de un primer intento marcado por las polémicas entre los convencionales y la radicalización de las normas a un escenario controlado en su totalidad por el establishment.

“El proceso genera menos interés en la ciudadanía, hay un cierto cansancio, una saturación y eso podría jugar en contra”, destaca el abogado Couso, quien considera urgente una nueva constitución que haga más viable la gobernabilidad de un país con un Congreso fragmentado en 22 partidos políticos.

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Aunque para los expertos el actual proceso tiene mayores posibilidades de ser aprobado en las urnas que el pasado, la inestabilidad política y económica que atraviesa el país sudamericano hace difícil pronosticar el resultado de la ratificación en las urnas.

“Creo que nadie está en condiciones de hacer predicciones más allá de que el proceso tiene un año de plazo. Si el mundo de la izquierda más dura se resta del proceso y empiezan a existir violencia y presión callejera, o si se da una constitución igual a la que hay pero con otro nombre, se puede rechazar”, señala Pavez a EL TIEMPO.

Lo cierto es que el 17 de diciembre los chilenos se enfrentarán nuevamente a un plebiscito, con carácter obligatorio para responder a la pregunta: «¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?», un cuestionamiento que, sin duda, estará en el centro del debate político del país en este 2023.

Andrea Aguilar Córdoba
EL TIEMPO