«En esta oportunidad venimos nuevamente para pedir respuesta por los desaparecidos, es decir, las personas que se encuentran en este momento en detención o (alguna) forma de detención que puede constituir desaparición forzada», señaló el activista Diego Casanova a las afueras de la sede del Ministerio Público, en Caracas, donde decenas de familiares de estos prisioneros llevaron a cabo una protesta.
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En ese sentido, aseguró que funcionarios policiales niegan información a los parientes sobre el paradero de estas personas que, explicó, fueron detenidas en sus casas o en las calles.
Casanova y otros dos manifestantes entraron a la Fiscalía para entregar un documento en el que el CLIPP detalló en una lista los casos de al menos 201 «personas en situación de desaparición forzada».
En la carta, dirigida al fiscal general, Tarek William Saab, la organización denunció que «la desaparición forzada en
Venezuela ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una violación pluriofensiva y continuada».
«Los cuerpos de seguridad del Estado privan de libertad a ciudadanos sin orden judicial y niegan sistemáticamente su paradero durante los días, semanas, meses y años posteriores a la aprehensión», indicó en el escrito.
Nancy Subero, esposa del detenido, José Luis Subero. Foto:EFE
El CLIPP pidió a Saab «información inmediata sobre la ubicación exacta y las condiciones de reclusión», acceso de familiares y defensa técnica a los centros y certificación de salud con «médico forense independiente».
El comité también reiteró la propuesta de crear una mesa de diálogo con la Fiscalía, otras organizaciones y representantes de Naciones Unidas para «garantizar los derechos humanos, acelerar las liberaciones y alcanzar la justicia».
Además, exigió la «libertad inmediata y plena para todos». Luego de que el grupo entrara en la Fiscalía, las decenas de manifestantes que los acompañaron hasta la entrada del edificio fueron retirados por unos 20 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y obligados a volver a la acera de enfrente.
En el lugar, las personas mostraron fotografías de sus familiares presos y sus respectivos nombres, así como carteles y mensajes como «¿Dónde están? No más desapariciones forzadas».
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Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, dijo a EFE que luego del anuncio del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero sobre la liberación de un «número importante» de personas, decenas de familiares fueron a «diferentes centros de detención con la esperanza de que realmente» se concretaran.
«Estamos todos preocupados, estamos desgastados, pero aquí vamos a continuar en cada centro de detención», aseguró Ávila, quien también consideró que no hay «un proceso serio».
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 777 presos políticos, luego de un proceso de excarcelaciones anunciado pocos días después de que Estados Unidos capturara al presidencte venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas. Esa organización registró, además, 143 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este lunes a las 19:30 hora local
