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La crisis actual estalló el 21 de enero, no con un estruendo, sino con un tuit. Desde Davos (Suiza), el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció un “arancel de seguridad” del 30 por ciento sobre las importaciones colombianas, citando una “falta de reciprocidad” de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico a lo largo de una frontera compartida de 600 kilómetros. La jugada de Noboa fue una apuesta, armando el comercio y vinculándolo a la política de seguridad. Argumentó que la inacción colombiana estaba drenando Ecuador, obligando a Quito a soportar la carga financiera de una guerra contra el crimen organizado que se origina al otro lado de la frontera.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto:AFP
La respuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, fue rápida. Colombia no solo impuso aranceles recíprocos sobre productos clave ecuatorianos, sino que también suspendió indefinidamente las exportaciones de electricidad a Ecuador. Dado que Ecuador ya está lidiando con escasez energética, dependiendo de Colombia para hasta un 10 por ciento de su energía durante las sequías, esta medida hace que la red ecuatoriana sea aún más vulnerable durante la estación seca entre septiembre y marzo. Noboa intensificó la disputa días después al aumentar las tarifas de transporte de petróleo en el oleoducto OCP, aunque una cantidad mínima de petróleo colombiano viaja por esa dirección.
Por ahora, Colombia parece tener la ventaja: la relación comercial es más importante para la economía ecuatoriana que para la colombiana. Pero Washington, generalmente cercano a Noboa y distante con Petro, es un factor clave, y ambos países acabarán sufriendo a medida que sus economías se vean afectadas y los grupos criminales en el centro del conflicto se beneficien de una ruptura de la cooperación.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:Presidencia
Un conflicto de vieja data
Para comprender mejor este momento, hay que mirar atrás al 1.º de marzo de 2008, cuando el ejército colombiano, bajo el mando del presidente Álvaro Uribe, bombardeó un campamento de las Farc dentro del territorio ecuatoriano matando al comandante de esa guerrilla ‘Raúl Reyes’. En ese momento, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, rompió relaciones diplomáticas denunciando una violación de la soberanía del país.
Tras 18 años, las posiciones políticas en juego han cambiado: en 2008, Colombia estaba gobernada por la derecha (Uribe) y Ecuador por la izquierda (Correa), mientras que hoy Colombia tiene su primer presidente de izquierda en Petro, y Ecuador está liderado por el conservador Noboa. Sin embargo, los motores estructurales del conflicto siguen siendo obstinadamente consistentes. Cuatro líneas conductoras destacan.
En primer lugar, el problema principal sigue siendo el comercio transfronterizo de cocaína. En 2008, las Farc utilizaron la frontera porosa como retaguardia estratégica. En 2026, los actores se han transformado en bandas criminales y disidentes de las Farc, pero la dinámica se mantiene: Ecuador se ha convertido en el principal centro de tránsito de la cocaína colombiana, y la violencia allí ha aumentado mientras los grupos luchan por el control de los corredores logísticos estratégicos.
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Desafortunadamente, las negociaciones ahora son más difíciles y las soluciones militares, más elusivas. Las Farc de 2008 eran una insurgencia con motivaciones políticas y una estructura de mando clara. Los ‘grupos’ que operan en la frontera hoy son organizaciones criminales fragmentadas, centradas en el narcotráfico y la minería ilegal, sin el barniz ideológico del pasado.
En segundo lugar, la sombra de Estados Unidos se cierne mucho. En 2008, la confianza de Uribe se vio reforzada por el apoyo de Washington a través del ‘Plan Colombia’, y EE. UU. respaldó a Bogotá contra las denuncias de Quito por violaciones de soberanía. La actual ‘Doctrina Trump’ apenas se preocupa por la soberanía y ha estado presionando a Petro mientras apoya a Ecuador. Noboa, un empresario nacido en Estados Unidos, se ha posicionado como un aliado clave en la renovada guerra contra las drogas de Washington, buscando aprovechar el apoyo estadounidense para compensar sus vulnerabilidades internas.
Tercero, la asimetría económica sigue siendo una vulnerabilidad crítica para Quito. La relación comercial siempre ha sido más significativa para la economía ecuatoriana que para la de Colombia, y la dolarización en Ecuador es especialmente sensible a los aranceles porque la devaluación de la moneda no es una opción para absorber choques externos. Además, la dependencia de Ecuador de la red eléctrica colombiana durante las estaciones secas proporciona a Bogotá un mayor margen de ventaja.
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Finalmente, vemos la subordinación de la política estatal a las quejas personales y necesidades políticas de los líderes de los países. En 2008, la animosidad entre Uribe y Correa era palpable. Hoy en día, la fricción entre Petro y Noboa es tóxica. Su relación se ha deteriorado debido a la defensa de Petro del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y a disputas sobre la legitimidad de la reelección de Noboa.
Ambos están utilizando la crisis fronteriza para desviar la culpa y movilizar el sentimiento nacionalista en un momento en que su posición interna es inestable. La aprobación de Noboa se ha erosionado tras un referéndum perdido y el incumplimiento de las promesas de seguridad. Su imposición de aranceles se ve como una maniobra para proyectar fuerza mientras desvía la culpa. Mientras tanto, Petro enfrenta sus propias crisis de gobierno y entra en el ocaso de su mandato antes de las elecciones presidenciales de mayo.
Las armas preferidas de hoy son económicas: aranceles y kilovatios. Aunque es menos dramático visualmente que la movilización militar, el impacto en la vida diaria de los ciudadanos es más inmediato y dañino.
El camino por delante
El panorama es precario. Con Colombia enfrentando un posible cambio en las elecciones de este año, Petro tiene poco incentivo político para ofrecer concesiones a un vecino de derecha. Si la apuesta de Noboa no logra frenar la violencia —que sigue en niveles récord— podría intensificar la narrativa del enemigo externo, profundizando la congelación de las relaciones. El riesgo es que la “tarifa de seguridad” se convierta en un elemento permanente, socavando el comercio formal, fomentando el contrabando y evitando una posible cooperación contra el crimen organizado.
Esta trayectoria podría quizás evitarse si Noboa cambia de rumbo bajo presión política interna, si un eventual nuevo gobierno de derecha en Colombia mejora las relaciones, o si el presidente Trump fuerza la mano de Petro. Después de todo, bajo la ‘Doctrina Donroe’ se espera que Estados Unidos continúe utilizando a Ecuador como palanca para presionar a Colombia en temas de narcóticos y migración.
Por ahora, lo que Ecuador podría exigir en materia de seguridad sigue siendo incierto. Irónicamente, la disputa medioambiental ha cambiado; durante años, Ecuador criticó el uso colombiano de la fumigación aérea con glifosato. Ahora, en medio del aumento de la violencia, es Ecuador quien pide “acciones firmes” y resultados claros, una postura que podría llevar a Quito a exigir las mismas tácticas de erradicación que una vez demandó a Colombia detener.
En definitiva, este conflicto pone de relieve que cuando dos presidentes luchan por liderar sus países, la frontera suele convertirse en escenario de drama político. Sin embargo, a medida que disminuye el comercio a través de Rumichaca, queda claro que una guerra arancelaria y los cortes de electricidad entre vecinos interconectados no dejan a ninguno como ganador.
Sebastián Hurtado, fundador y presidente de PRóFITAS, una consultora líder en riesgos políticos con sede en Quito.
Americas Quarterly – Quito
