‘Represión sigue siendo una herramienta central de control’

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Guanipa, colaborador de María Corina Machado, fue excarcelado el domingo, luego de haber sido detenido en mayo de 2025 acusado de una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y del Parlamento de ese mes.

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Su hijo Ramón indicó que hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas se llevaron a su padre cerca de la medianoche del lunes luego de que interceptaron y golpearon el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

La Fiscalía venezolana informó a las horas que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa» por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

La institución declaró que pidió que el exdiputado pase «a un régimen de detención domiciliaria». Sin embargo, no han mostrado pruebas de vida del opositor.

Por su parte, el partido Primero Justicia (PJ) de Venezuela, en el que milita el exdiputado antichavista, anunció este lunes una concentración en el estado natal del dirigente (Zulia) para exigir su liberación.

Bajo el eco “no tenemos miedo”, el presidente de PJ en el estado de Zulia, Javier Troconiz, estuvo acompañado de representantes regionales de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y del partido de la opositora María Corina Machado, Vente Venezuela (VV). Troconiz advirtió que «las familias de los presos políticos nuevamente han sido engañadas, incumplidas».

“El régimen, que sigue en el poder, al igual que quienes han ejecutado y normalizado la detención arbitraria de líderes y activistas opositores, demuestra que esta táctica de represión sigue siendo una herramienta central de control político”, le explica por su parte a este diario Manuela Jiménez, analista asociada para la región Andina de Control Risks.

«Por eso no liberan a todos los presos políticos de una vez. Los siguen usando como moneda de cambio para intimidar y mantener el miedo de irse en contra del gobierno”, agrega la experta.

En esa misma línea, Txomin Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano e investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, advierte que, tras lo ocurrido con Guanipa, “seguramente, muchos de los presos políticos liberados se van a cuidar de evitar dar declaraciones o participar en actos públicos. Esto es evidencia de que las excarcelaciones en Venezuela se están dando bajo condicionamientos como el no poder abandonar el país, presentarse a juzgados periódicamente y tener prohibido hacer declaraciones públicas”, comenta.

¿Qué dijo Guanipa para incomodar al régimen?

Tras salir de prisión el domingo, Guanipa encabezó una caravana por la libertad de los presos políticos en la que lanzó fuertes críticas contra el régimen chavista.

«Cuando a mí me dicen que tenemos que reconciliarnos, yo digo muy bien, entonces vamos a discutir cuál es la verdad: devuelvan los partidos políticos, reconozcan quién ganó el 28 de julio de 2024 (…) Qué le costaba a Nicolás Maduro reconocer que perdió las elecciones, ¿eso no es lo que hace un demócrata?», cuestionó el opositor, quien insistió en que el camino para el país debe ser la ratificación de Edmundo González como presidente de Venezuela.

«Si no hay forma de que lo puedas aceptar, entonces declara la vacancia absoluta y vamos a elecciones», sentenció Guanipa.

Petróleo, Estados Unidos y tensiones al interior del chavismo: ¿se mantendrá la represión?

Con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, en el Ejecutivo, y su hermano, Jorge Rodríguez, al frente del Legislativo, se han dado muestras de cambios políticos y sociales, ante la presión de Estados Unidos, pero cuya prioridad sigue marcada por la reactivación petrolera más que por las libertades democráticas.

Al respecto, Jiménez destaca que esto “deja al gobierno chavista con un margen amplio para seguir utilizando esta táctica represiva a su conveniencia”.

Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad

DIOSDADO CABELLOSecretario general PSUV

Por su parte, Las Heras advierte que habrá que ver si la nueva detención de Guanipa obedece a una decisión coordinada del gobierno o pudiera estar relacionada con diferencias al interior del poder. “En especial, de figuras como Diosdado Cabello que ejercen influencia y un mando importante sobre algunos de los grupos represivos que siguen actuando en Venezuela”, explica.

Justamente, ayer durante la rueda semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Cabello, quien es su secretario general, aclaró que la detención de Guanipa se dio «por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada». «Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad”, criticó Cabello.

¿Promesa de libertad o riesgo de impunidad? Ley de amnistía en Venezuela

Entre la promesa de libertad y el riesgo de impunidad, el Gobierno encargado de Venezuela planteó una ley de amnistía para las personas detenidas por motivos políticos, una propuesta que prevé anular los casos y se estima que sea aprobada por el Parlamento esta misma semana.

Sin embargo, varias ONG alertaron sobre las contradicciones conceptuales que observan en el proyecto y que no incluye la derogación de leyes usadas como «herramientas de persecución». Además, critican que la propuesta se apoya en una exposición de motivos que presupone la responsabilidad de una de las partes.

“En la práctica, el proyecto de ley restringe su alcance a diez episodios específicos de violencia, incluido el ciclo represivo posterior a las elecciones de julio de 2024. Es decir, sigue siendo una ley con límites claros para la excarcelación de presos políticos”, comenta Manuela Jiménez.

Para la experta, aunque la futura ley permitirá la excarcelación de varios presos políticos con una garantía formal de amnistía, el criterio de a quién se le concede y a quién no seguirá siendo arbitrario”.

Con un total de 13 artículos, la ley concedería «una amnistía general y plena» a todas las personas que «hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos», desde 1999 hasta enero de 2026, aunque enumera diez periodos específicos de coyunturas políticas.

Están excluidos quienes hayan cometido violaciones graves de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas «con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión» y «delitos contra el patrimonio público».

Y, mientras que Jorge Rodríguez prometió la liberación de «todos» los detenidos el mismo día en que se apruebe la amnistía, en veremos tras la suspensión de la audiencia de este martes, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo estar dispuesta a volver a su país pese a la nueva detención de uno de sus más cercanos aliados. «Esto no afecta a mi regreso en lo más mínimo. Todo lo contrario», declaró Machado.

Entra tanto, Foro Penal cifró el total de los detenidos políticos en 687 hasta el sábado, pero el domingo ocurrieron unas 35 excarcelaciones, según sus propios datos, y no ha vuelto a actualizar el conteo. El Gobierno, que niega la existencia de presos políticos, asegura que el proceso de excarcelaciones se inició entre noviembre y diciembre de 2025 y desde entonces unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas.

Sin absolver y bajo control chavista: las críticas al proyecto de ley 

El director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, consideró el artículo 8 de la propuesta de ley uno de los «más delicados», ya que plantea la extinción de todas las acciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias relacionadas con los hechos amnistiados.

«Es una forma de impunidad: no se absuelve, pero tampoco se hace justicia», señaló en su cuenta de X.

Asimismo, el proyecto de ley atribuye la ejecución de la amnistía a la Fiscalía y tribunales que, según Acceso a la Justicia, son «los mismos órganos que participaron en las violaciones de derechos y en la persecución penal».

Para Foro Penal el seguimiento y la verificación del cumplimiento de la ley de amnistía no puede quedar sólo en manos del Poder Ejecutivo, sino que debe permitirse la participación de las víctimas, de sus representantes y de las ONG y organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Foro Penal subrayó que «en ningún caso» se debe sugerir que la solicitud de amnistía implica el reconocimiento, admisión o aceptación de que se ha cometido un delito o cualquier ilícito. 

«Si alguien se ha visto forzado a ‘admitir los hechos’ con anterioridad, eso no tiene ninguna relevancia», argumentó en X el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

STEPHANY ECHAVARRÍA NIÑO (*) – Editora Internacional – EL TIEMPO 

@stephechavarria

(*) Este artículo contó con la reportería de Santiago Andrés Venera Salazar desde Bogotá