Donald Trump, respaldado por todas las esferas de poder que aún controla tanto en el Ejecutivo como en el Judicial, lanzó esta semana toda una operación encaminada no solo a entorpecer la transición, sino deslegitimar la victoria de este fin de semana del presidente electo, Joe Biden.
(Le puede interesar: Fiscal general de EE. UU. autoriza investigaciones sobre la elección)
Quizá el desarrollo más delicado fue el memorando que envió el fiscal general William Barr en el que le pide a los funcionarios de esta dependencia comenzar a investigar las denuncias sobre un supuesto fraude en las elecciones sin que exista aún evidencia.
Se trata de una movida muy polémica, pues va en contravía de una práctica implementada por más de cuatro décadas y bajo la cual las autoridades federales siempre se han abstenido de «meter la mano» hasta que los estados no hayan certificado el resultado de las elecciones.
Eso, para evitar la intromisión del aparato federal en un proceso que inicialmente le corresponde a las autoridades electorales a nivel estatal.
(Lea aquí: ¿Por qué se dice que camino de Joe Biden no será fácil en EE. UU.?)
El fiscal general estadounidense, William Barr.
Nicholas Kamm. AFP
El memorando de Barr provocó la renuncia inmediata, y en oposición, de Richards Pilger, del jefe de la división sobre Crimen Electoral en el Departamento de Justicia y encargado de estos procedimientos. Así mismo, llevó a la realización de una carta de exveteranos del Departamento de Justicia, en su mayoría republicanos, en la que denuncian el paso tomado por Barr.
«Son los votantes los que deciden el ganador de una elección, no el presidente ni el Fiscal General. Gracias a un grupo bipartidista de experimentados funcionarios y trabajadores electorales, este país y sus estados condujeron unas elecciones que fueron justas y seguras. No hemos visto evidencia alguna de algo que pueda interferir en que se certifiquen los resultados, que es algo que deben manejar los estados y no la administración. El país habló con claridad y ahora necesitamos dar el paso adelante hacia la transferencia del poder», dicen en la carta.
Aunque se supone que la Fiscalía es un órgano independiente, Barr fue nombrado por Trump y es visto como un fiel servidor del mandatario.
(Lea también: Con Biden, Estados Unidos sigue su propósito de cambio para Venezuela)
Igual de preocupantes eran los reportes sobre la inminente destitución de Christopher Wray, el actual director del FBI y que Trump detesta porque no le dio relevancia a las acusaciones de su campaña contra la familia de Biden.
Son los votantes los que deciden el ganador de una elección, no el presidente ni el Fiscal General
Wray, que también fue nombrado por el mandatario republicano, es el funcionario que encabezaría cualquier investigación sobre los supuestos fraudes. Y si bien no se sabe a quién nombraría Trump en su reemplazo, todo indica que buscará una persona que acomode sus quejas.
En otro frente, la Casa Blanca dio la orden a todos sus funcionarios de no colaborar con la transición de poder que ya debería haberse iniciado. Lo cual amenaza con descarrilar todo el proceso.
(Además: Lo que se espera de la agenda de Joe Biden para Colombia)
En teoría, una vez se canta la elección en favor de un candidato —como sucedió este sábado— la Administración de Servicios Generales, un ente administrativo que depende de la Casa Blanca, se pone a disposición del ganador y aprueba un presupuesto de 10 millones de dólares para que este de inicio a la sucesión.
Eso incluye acceso a diversas agencias que deben adelantar revisión de antecedentes de potenciales funcionarios y muchas cosas más. Pero Emily Murphy, la directora del ASG nombrada por Trump hace un año, no ha querido colaborar y sigue sin firmar el cheque.
El presidente, además, le tiene bloqueado a Biden el acceso al Departamento de Estado, que se encarga de poner en contacto al ganador con los gobiernos del mundo.
(Le recomendamos: ‘Estamos listos para trabajar con Biden’: embajador Santos)
El líder republicano en el senado, Mitch McConnell.
Shawn Thew. EFE
En paralelo, muchos líderes republicanos en el Congreso, que en un comienzo dieron fe de que las elecciones habían sido justas, comenzaron a retroceder insistiendo en que las denuncias son serias y no se puede declarar un ganador hasta que los estados no certifiquen los resultados. Algo que solo sucedería el 8 de diciembre.
En particular Mitch McConnell, el líder del senado, dijo que Trump tenía todo el derecho de pelear los resultados y que eran los estados —esa fecha prevista— y no los medios, los que podían declarar un triunfador.
Pero los demócratas rápidamente cuestionaron la actitud, pues en ciclos electorales anteriores, entre ellos Trump en el 2016, los republicanos nunca han esperado a esa fecha para declarar al ganador e iniciar el proceso de transición.
(Lea aquí: Biden pide uso de tapabocas e insiste en que ‘no es un gesto político’)
La única excepción fue en los comicios del 2000, cuando el nombre del nuevo ocupante de la Casa Blanca dependía del resultado de Florida, donde la diferencia entre George W. Bush y Al Gore era de 1.700 votos y las reglas del estado ordenaban un recuento automático.
Varios medios de comunicación en EE. UU., entre ellos ‘The Washington Post’, indican que al interior de la campaña del presidente y entre los mismos republicanos ya hay la certeza de que no tienen un camino viable para disputar los resultados, pero tampoco quieren pelearse con un Trump que se resiste a reconocer lo inevitable.
Por su parte, Biden afirmó este martes que la negativa de Trump de reconocer su derrota era “vergonzosa”, al tiempo que afirmó que miembros del Partido Republicano estaban siendo “intimidados a medias” por el presidente saliente.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON
Lea también
– El entorno de Trump, dividido sobre aceptación de la derrota
– Amlo, firme en postura frente a resultados en EE. UU. pese a críticas
– ¿Apoyan los republicanos a Donald Trump tras las elecciones?
