La polémica se apoderó de Luisana, Estados Unidos, luego de la orden ejecutiva que emitió el gobierno estatal en las últimas horas. En busca de combatir la inmigración ilegal y controlar la presencia de indocumentados en el territorio, el gobernador Jeff Landry ordenó dos medidas en paralelo: crear una lista destallada de las personas acusadas de un crimen y recopilar la información detallada sobre el gasto monetario de fondos públicos que son utilizados por extranjeros ilegales en el territorio.
Como consecuencia de la crisis migratoria que afecta a EE. UU., los mandatarios de los distintos estados llevan a cabo diversas medidas con el objetivo de controlar la situación. En muchos casos, las iniciativas generan tensiones y roces no solo con la administración federal de Joe Biden, sino también con organizaciones que abogan por la protección de los migrantes y sus derechos. En este caso, Luisiana se metió en el centro de la controversia.
Lista de gastos y de acusados, las polémicas medidas de Luisiana
Las iniciativas se desprenden una orden ejecutiva que emitió el gobierno de Landry. Según la información recopilada por Telemundo, esta implica dos ejes que dieron que hablar. El primero de ellos es la creación de un registro sobre quienes enfrenten acusaciones de algún delito penal. En este caso, la solicitud se le realizó al organismo que engloba a las correccionales del estado y a la Policía del estado para que en noventa días entregue la siguiente información:
- Número de personas que fueron acusadas de un delito penal.
- Información que incluye nacionalidad, estado migratorio, antecedentes penales y vinculación con pandillas.
En esa misma línea, en 120 días las autoridades de todos los órganos estatales correspondientes deben realizar una recopilación y análisis de los gastos públicos que actualmente se realizan para servicios que son utilizados por inmigrantes ilegales. Mediante la combinación de estas dos medidas, organizaciones que apoyan a los migrantes marcaron su preocupación sobre el temor que se generará en los indocumentados y la tendencia de esta población a abandonar el estado que podría darse.
Las polémicas medidas surgen de una orden ejecutiva de Jeff Landry, gobernador de Luisiana
Instagram @jefflandryforlouisiana
Por otra parte, uno de los ítems más polémicos es que Luisana aclaró que también considerará como inmigrantes ilegales a todos los extranjeros que posean un parole humanitario, que formen parte del programa DACA o que tengan un Estatus de Protección Temporal y regímenes similares. Desde las asociaciones civiles, ya adelantaron que analizan realizar un reclamo en la Justicia.
