Entra en vigor una de las leyes más simbólicas de EE. UU. contra Cuba
Apenas horas después de que Washington habilitó la posibilidad de reclamar las propiedades confiscadas tras la revolución de Fidel Castro, en lo que es sin duda, uno de los cambios más simbólicos de la política de EE. UU. respecto a la isla en las últimas décadas, la empresa de cruceros Carnival fue demandada este jueves en los tribunales de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba.
La empresa de cruceros fue la primera en sufrir las consecuencias de la aplicación de la Ley Helms-Burton de 1996, amparada en el título III, que permaneció suspendida
durante 23 años hasta este jueves por decisión del Gobierno de Donald Trump, que busca propiciar así un cambio político en Cuba.
La demanda contra Carnival fue impuesta por el cubanoestadounidense Javier García Bengochea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada.
En respuesta, el vocero de la empresa, Roger Frizzell, aseguró: «seguiremos ofreciendo nuestro calendario normal de cruceros a Cuba para nuestros visitantes».
Asimismo, el cubanoestadounidense José Ramón López Regueiro, quien afirma ser el único heredero del aeropuerto de La Habana, aseguró que está listo para demandar a Cuba a partir de este jueves.
«Estoy muy optimista de que se haga justicia al fin, llevo 60 años esperando este momento», dijo López Regueiro en Miami, Florida, en el sureste de Estados Unidos.
El empresario de 65 años también dice que demandará a las aerolíneas que operan en el aeropuerto, «a todas las que lo utilizan», afirmó. Estas son, entre otras, American Airlines, Aeroméxico, Air Canada, Air France e Iberia.
Tras la troika de la tiranía
La de López Regueiro es una de las cientos de demandas que podrían llover contra quienes usufructúan las propiedades nacionalizadas y que prometen congestionar los tribunales del sur de Florida.
Es decir que, los estadounidenses -cubanos con ciudadanía estadounidense- que perdieron bienes tras la revolución, podrán entablar demandas a partir de este jueves ante la justicia de Estados Unidos. En ellas, pueden exigir indemnización al estado cubano o a empresas privadas por lo que consideran «el robo» de sus propiedades.
El expresidente Barack Obama había flexibilizado en 2014 la postura frente a Cuba, pero Trump dio marcha atrás y endureció las sanciones contra lo que llama la «troika de la tiranía», formada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En ese contexto, la activación del Título III busca debilitar al gobierno cubano, al cual Washington considera el titiritero de los líderes Nicolás Maduro en Caracas y Daniel Ortega, en Managua.
El abogado Marcell Felipe, presidente de la ONG Inspire America que asesora en Miami a los bufetes de abogados en la ley Helms-Burton, consideró que esta medida será efectiva en debilitar al gobierno de Cuba. «Además de tratarse de un derecho básico como lo es el de la propiedad privada y además de fomentar un estado de derecho, es también un arma importante para restarle a las familias de los generales dinero fresco de inversionistas», dijo Felipe.
La nube del riesgo con la UE
Por su lado, la Unión Europea (UE), principal socio comercial de la isla desde 2017, y Canadá prometieron proteger los intereses de sus empresas.
De hecho, la UE aseguró este jueves que va a reaccionar ante la aplicación de esta ley, pues consideró que «la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el Derecho internacional».
Federica Mogherini, jefa de la diplomacia del grupo también dijo en un comunicado que recurrirán a «todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la Ley Helms-Burton, incluidos sus derechos en la OMC y el uso del estatuto de bloqueo de la UE».
De acuerdo con el comunicado, la decisión de Estados Unidos «originará fricciones innecesarias y debilita la confianza y la previsibilidad de la asociación transatlántica». «La Unión Europea seguirá trabajando con sus socios internacionales, quienes también han manifestado su preocupación a este respecto», concluyó Mogherini.
La decisión de EE. UU. originará fricciones innecesarias y debilita la confianza transatlántica
Según el abogado Jasón Poblete, más allá de cómo se resuelva cada caso particular, y aún con el apoyo de la UE, la apertura de la posibilidad de demandar implica «una complicación tremenda para Cuba».
Ahora los posibles inversores que tienen algún interés en Estados Unidos, pensarán dos veces si en la transacción se incluye una propiedad confiscada, explicó el experto en materia de sanciones internacionales.
«La nube del riesgo político siempre existía. Pero ahora esa nube quizás se ha cristalizado un poco y ya no es solo un riesgo político, sino potencialmente legal también», afirmó Poblete. Asimismo, expertos coinciden en que esto desalentará las futuras inversiones a la isla.
Entretanto, Trump prometió este martes estrechar aún más el cerco contra Cuba y dijo que establecerá un embargo «total» si La Habana no cesa su apoyo a Maduro, cuyo gobierno sofocó en la jornada un levantamiento militar.
AFP