Poco a poco hallan a los perdidos de la guerra en Perú

La marcha era lenta y empinada, costaba distinguir más que sombras con la escasa luz de las velas, la neblina y la luna alta. Los once cofres funerarios blancos resaltaban en la penumbra, trepados cada uno en el hombro de una silueta negra en ascenso, con los cantos y el llanto de las mujeres que les hacían la corte de fondo.

Este reencuentro de despedida ocurría en Pampalca, poblado de indígenas quechuas, ubicado en los Andes peruanos, en jurisdicción del departamento de Ayacucho, donde la violencia política que sufrió el país causó la desaparición de hijos, padres, madres, hermanos y autoridades de la comunidad. Algunos de ellos regresaron la noche del 27 de junio pasado, muertos y consumidos por el paso del tiempo: 33, 31, 30 y 29 años después de verlos por última vez.

Aunque fue un momento doloroso, los habitantes de Pampalca también sintieron satisfacción por lograr lo que pocos han conseguido, tras 20 años del fin del conflicto: recibir, velar y enterrar dignamente los restos de sus seres queridos desaparecidos.

Esto es así a pesar de que su búsqueda empezó primero que el reclamo de justicia, memoria o reparación, antes de que se reconocieran víctimas, en tiempos en que todo lo que se oía era combatir al terrorismo.

En 1983, cuando la guerra llevaba sólo tres de los 20 años que duró, Amnistía Internacional envió un documento al entonces presidente Fernando Belaúnde Terry, en el que ya adjuntaba los nombres de mil peruanos desaparecidos.

Para entonces “en este país nadie sabía esto. Y cayó como una bomba. A raíz de eso las ONG se crean. Y los desaparecidos son el centro y la razón de eso”, recuerda Sofía Macher, Comisionada en la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que se inició durante el Gobierno Transitorio de Valentín Paniagua (2000) y terminó en el 2003.

En contraste con el impacto que causó la carta en la sociedad civil, el entonces presidente Belaúnde Terry la desestimó, arrojándola a la basura. Un desprecio que lo inmortalizó para la historia y que se narra en el Lugar de la Memoria (LUM) de Lima, museo del periodo de violencia.

Por fin, 33 años después de dicha carta, en junio del 2016, se promulgó la Ley N° 30470 para crear un registro nacional de personas desaparecidas en el Perú, administrado por una Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), también recién creada. Este registro sigue incompleto, pero hasta agosto del 2019 contaba 20.511 personas.

De ellos se han identificado y restituido 1.900, según cuentas de Mónica Barriga, Directora de la DGBPD. Esto representa el 9,2% de las personas hasta ahora reportadas.

“El tema es duro y es más duro porque la desaparición es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, no de Sendero (Sendero Luminoso)”, dice enfática la comisionada Macher. “Los grupos subversivos mataban y dejaban el cuerpo ahí. Ahí está la explicación de por qué demonios se ha demorado tanto y por qué (la dirección de búsqueda) ha sido lo último en conseguir”, asegura.

El camino andado hasta aquí

En quechua, la segunda lengua oficial del país, ni siquiera existe la palabra ‘desaparecido’. Los quechuahablantes, que son el 13,9% de la población del Perú, según el censo de 2017, buscan autoridades, familiares y amigos que chinkachirqaku sasachakuy watakunapi: han hecho desaparecer en tiempo de violencia. El énfasis de esta expresión está puesto en que la desaparición no existe sin su autor, el sujeto que deliberadamente impidió que una persona pudiera volver a ver o ser vista por sus conocidos.

Este también era el énfasis de la búsqueda de personas desaparecidas hasta antes de la creación de la DGBPD. Entonces, la única opción disponible era poner una denuncia en una Fiscalía Especializada. Estas funcionan desde el 2002 como respuesta del Estado a las recomendaciones de la CVR. “El objetivo de un fiscal es poder procesar a alguien por la comisión de un delito”, reseña Susana Cori, responsable del programa de personas desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Perú, “lamentablemente en este tipo de casos es muy complicado, hay muy pocos casos en los que se ha podido acceder a este tipo de información y eso hacía que fueran muy lentos”, resume.

La más emblemática de las investigaciones judiciales sobre desaparición es la de La Cantuta. Una mañana de 1992, nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) fueron secuestrados por un cuerpo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional del Perú. El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dejó sin validez la amnistía de los culpables y reveló al Estado como perpetrador de crímenes de lesa humanidad mediante operaciones encubiertas.

En el Perú esto desembocó en el procesamiento de altos mandos militares y del presidente de ese momento, Alberto Fujimori, como presuntos coautores de los delitos de secuestro, desaparición forzada y homicidio calificado. Así lo resume el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

A pesar del innegable impacto de investigaciones como esa, la mayoría de procesos judiciales por desaparición permanecen estancados por falta de información. Ante esta realidad, Cori, del CICR, narra que con el tiempo los fiscales especializados se dieron cuenta de la importancia de responderles a los denunciantes, si no con la verdad judicial sobre su muerte, al menos sí con la devolución del cuerpo de su familiar desaparecido, así que empezaron a exhumar y entregar cuerpos.

En ese escenario, la sociedad civil, los organismos humanitarios y los mismos familiares empezaron a demandar un mejor abordaje de estas diligencias ya que, como explica Cori: “en esa época no había por parte del Ministerio Público (homólogo de la Fiscalía General de la Nación colombiana) ni presupuesto ni competencia para preocuparse por un entierro digno, por una restitución digna”.

Asuntos como la compra de cofres funerarios, la construcción de nichos para enterrarlos, el transporte de los familiares para recibir los restos y luego para trasladarse con ellos de vuelta a sus comunidades y hacer las ceremonias de despedida eran necesidades que, antes de la Dirección, corrían exclusivamente por cuenta del CICR. Además, la entrega de los restos al familiar era una diligencia privada y sin contenido simbólico.

El duelo público

Desde la creación de la DGBPD las cosas están cambiando. El 27 de junio del 2019, en la catedral de Huamanga, corazón de Ayacucho, se entregaron los restos identificados de 64 personas desaparecidas entre 1980 y 1992.

Ramón Castro llegó con su hija para recibir los restos óseos de la otra mitad de su familia: su esposa e hijo, desaparecidos en 1984. En el mismo año, Dometilia Huaytahuilca perdió a tres sobrinos, se los devolvieron ese día en ataúdes blancos. Los vestigios de Nelson y Vilma Huachaca fueron regresados a su madre, luego de 28 años de búsqueda. El señor Severino Figueroa Aguilar llegó para llevarse lo que quedó de su padre, su esposa y su hijo.

El desfile de familiares atravesaba la Catedral por el centro. Llegaban al atrio entre las miradas, recibían un acta, un abrazo rápido y una caja de madera marcada con el nombre de su deudo, finalizaba con la ráfaga de fotos para la prensa en el trayecto de salida del templo. Fue el día en que los dolores íntimos de las familias, alargados por la espera del encuentro de despedida, se hicieron públicos.

Lo de Huamanga fue resultado del aprendizaje de las instituciones del Perú sobre el enfoque humanitario. Al evento asistieron el viceministro de Justicia, el director del Equipo Forense Especializado (EFE) y la directora de la DGBPD, entre otros funcionarios de Gobierno. En el público no sólo estuvieron los familiares implicados en la diligencia, sino cientos de personas que aún esperan la recuperación de sus seres queridos. Entre ellos estuvieron mamá Adelina, presidenta de Anfasep (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú), y otras mujeres de la organización.

El acompañamiento espiritual estuvo a cargo del sacerdote de la Catedral y el pastor de la comunidad evangélica de Huamanga, quienes cooperaron en la búsqueda que ese día llegó a su fin. Además, en la Catedral y sus alrededores hubo personal de acompañamiento psicosocial identificable por sus chalecos bordados con leyendas como “no hay salud mental sin la comunidad”.

Todas las intervenciones fueron traducidas al quechua, ya que la mayoría de la audiencia era indígena, igual que casi todos los que ese día aparecieron por fin en la vida pública de sus comunidades, para retornar a la tierra.

Mónica Barriga, directora de la DGBPD, asegura que la Dirección acogió el enfoque étnico con acciones como “brindar información en la lengua materna”. Asegura: “contamos con personal quechuhablante en tres oficinas regionales: Ayacucho, Huánuco y Junín”, donde la población afectada por la violencia es principalmente quechua.

“El acompañamiento sicosocial es individual y comunitario”, precisa.
La restitución de cuerpos de personas desaparecidas no termina con ese evento público. La segunda parte, mucho más íntima, es cuando trasladan los féretros a las comunidades a donde pertenecen, para que allí sean por fin retornados, velados y enterrados según las costumbres quechuas.

Retorno a la tierra

En Pampalca, la noche del 27 de junio, toda la comunidad se reunió en un salón que construyeron para velar a los recién aparecidos. Sólo una bombilla ofrecía una tenue luz sobre el altar. El resto del poblado estaba en penumbra absoluta.

Amancio Huamán Auccatoma, líder del poblado, inició el encuentro de despedida con un simbólico llamado a lista de todos los retornados. A cada nombre le seguía el coro de la comunidad: “presente”.

Durante el velatorio toda la comunidad desfiló frente a los once féretros, reconoció sus nombres y aceptó su muerte. Hasta niños y niñas pequeños, seguidos de perros y cabras, participaron de la despedida. Las mujeres mayores repartieron caña, una bebida para pasar el frío, y coca para chacchar, masticar.

Cuatro de los once cuerpos restituidos pertenecían a autoridades del poblado en 1986. Salieron juntos a una reunión de Comités de Autodefensa y fueron asesinados en el camino por militares que los confundieron con senderistas. Al hallar los documentos que los acreditaban como autoridades de Pampalca, los militares ocultaron sus cuerpos bajo las paredes de piedra de una casa vecina.

Máximo Jatoma Ramos era uno de ellos, y en el acto de conmemoración estaba su hijo, Sabino Jatoma Aguirre, quien recuerda: “ellos han ido con sus actas, con sus sellos, todas las cosas para justificar que eran la Autoridad. Eso lo quemaron ahí. Y no han encontrado ni un pedazo de esos libros y actas, los quemaron para justificar que lo mataron como terrorista”.

El tiempo transcurrido entre la desaparición y el resultado de la búsqueda impone diversos desafíos para la DGBPD. Para su directora, Mónica Barriga, uno de los principales compromisos es “dar una respuesta mucho más rápida a los familiares que están en una edad avanzada. Y que no vayan a partir sin una respuesta”. Esta preocupación es un afán de aliviar el sufrimiento de la espera prolongada de los familiares, pero también una forma de garantizar que al momento de identificar un cuerpo los dolientes continúen dispuestos a recibirlo.

En el caso de Pampalca, fueron cinco las autoridades que desaparecieron en 1986, según los datos suministrados por el CICR. Los restos de Juan Auccatoma Huamán no llegaron esa noche con los de sus compañeros, a pesar de que el Ministerio Público lo encontró. Según explica Amansio, el líder de la comunidad, sus restos continúan sin exhumar aunque se avisó a sus familiares.

Para los deudos de Juan, 33 años fueron demasiada espera.

El caso de Gabina Aguilar Velásquez, hija de Faustino Aguilar Quispe, quien era el presidente de la comunidad entonces, es diferente. Al amanecer siguiente de la velación, se encontraba entre la tristeza de recordar la muerte de su padre y revivir o que sufrió cuando él desapareció, y la satisfacción por tener al fin su cuerpo y haber podido estar a su lado despierta la noche entera.

Para Gabina, luego de este proceso su vida va a ser diferente. Cree que va a poder estar mejor con su familia y va a compartir con más ánimo con su esposo y sus hijos. Siente que enterrar a su padre es una manera de reanudar su vida.

Despedir el rencor

Mientras ubicaron los cofres en los nichos, sellaron las tumbas y atendieron el sermón del pastor Julián Bautista Flores, de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú, llovió suavemente sobre Pampalca. Allí crearon un cementerio a la medida de las once personas halladas después de la violencia. Desde este lugar se divisa el centro poblado, cuando no hay neblina.

Sabino Jatoma observó la escena pensando en lo que todavía no termina: “queremos seguir, buscar la justicia verdadera que pueda brindarnos el Estado, como debe ser”. Él fue un niño de seis años huérfano de padre y madre, en medio de un conflicto armado.

La desprotección que siente es fácil de imaginar. Allí, en un entorno completamente rural, todavía no hay acceso a los más básicos servicios públicos.

El hombre habla de la necesidad de justicia y de saber quiénes son los responsables de la muerte de su padre, los causantes de que le faltara familia, comida, abrigo, estudio. De pronto deja de hablar. Conscientemente detiene la rabia del recuerdo, respira: “nosotros pedimos que sí, que sí podemos perdonar”. Alza la mirada, “pero ese sentimiento sigue estando en nuestro corazón”.

Unidad de Datos EL TIEMPO