Oposición se suma al clamor de una reforma constitucional en Chile

Un plebiscito que impulse una nueva Constitución, que reemplace a la que fue heredada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), es “fundamental” e indispensable para superar la crisis social que sacude a Chile, señalaron tres partidos de izquierda opositora al gobierno de Sebastián Piñera, con lo que se suman a las intensas presiones que desde la calle hace más de dos semanas piden un cambio radical en el modelo político y social del país austral.
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Líderes de tres partidos opositores consideraron “insuficiente” la agenda social presentada por el gobierno días atrás, en un intento por desactivar las protestas que se han mantenido firmes a 17 días de su inicio.

“La agenda social del gobierno es insuficiente, tenemos que ir a lo fundamental, la primera contrapropuesta que tenemos que nos parece absolutamente clave para todo los demás es un plebiscito para una nueva Constitución”, dijo Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).

Muñoz, quien fue canciller durante la segunda presidencia de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), afirmó que “la Constitución actual es un obstáculo” para avanzar hacia una sociedad más justa.

El jueves pasado, los dirigentes de varios partidos opositores se reunieron con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien les entregó más detalles sobre las medidas que quiere implementar el Ejecutivo y los invitó a aportar sus ideas y propuestas.

Los principales ejes de la contrapropuesta opositora son elevar las pensiones, una nueva Constitución, fijar los precios de los medicamentos y modificar la reforma tributaria para que los ricos paguen más impuestos.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista y exvocero de Bachelet, Álvaro Elizalde, afirmó que la oposición se va “a jugar entero por un plebiscito”. “La gente se está en las calles para expresar su malestar por lo que corresponde que se pronuncie democráticamente”, señaló el político en declaraciones a la prensa por parte de los partidos opositores PPD y Radical.

Elizalde consideró que sus propuestas apuntan a lograr una “solución inmediata” a la crisis y aseguró que esta debe resolverse con “más democracia”, algo que, en su opinión, el Gobierno no está entendiendo.

El 22 de octubre Piñera presentó un paquete de medidas para descomprimir la presión social y apaciguar las protestas violentas en el país, que hasta el momento han dejado 23 fallecidos, según cifras de la Fiscalía.La agenda social del presidente contempla un alza de las pensiones, crear un ingreso mínimo garantizado, rebajar el sueldo de los parlamentarios y cambios en la salud pública, entre otras cosas.

La contrapropuesta opositora incluye la convocatoria de un plebiscito con el objetivo final de redactar una nueva Constitución que reemplace la actual.

Aprobada en 1980, en un cuestionado plebiscito, la Carta Magna fue un traje a la medida para que el régimen de Pinochet y los sectores conservadores pudieran mantener su poder, incluso más allá del fin de la dictadura en 1990, y asegurar la continuidad del modelo de economía abierta con escasa presencia del Estado en temas como Educación, Salud y Pensiones.

Las protestas ya han dejado 20 muertes, más de un millar de heridos y miles de detenidos, sobre todo la primera semana cuando el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia que significó que salieran los militares a las calles por primera vez desde el retorno de la democracia y en un régimen de toque de queda nocturno.

Los quórums imposibles de la Carta

La Carta Magna chilena de 1980 ha sido reformada más de 40 veces pero sigue siendo foco de críticas por su espíritu neoliberal y su origen dictatorial. Además, porque estableció la exigencia de elevadas mayorías parlamentarias para poder acometer reformas.

Para Javier Couso, abogado constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), estos quórums, que exigen el apoyo de cuatro séptimas partes del Parlamento, son camisas de fuerza que impiden cambios de fondo en asuntos relevantes, ya que hacen necesario el respaldo de parlamentarios conservadores. “Cambiar esas leyes se hace extremadamente difícil porque requiere el concurso de los herederos políticos de la dictadura”, explicó Couso.

En los casos en los que las reformas logran superar la barrera de los quórums, a menudo chocan con el Tribunal Constitucional (TC), un organismo que, según Couso, realiza una interpretación extremadamente conservadora del texto legal.

Así ocurrió, por ejemplo, cuando el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) trató de incorporar un pilar solidario en los fondos que van al sistema privado de salud o cuando se quiso fortalecer a los sindicatos.

Analistas ven muy difícil que el conservador Piñera acceda a una nueva Constitución, pues esta garantiza el modelo neoliberal chileno y es la ‘joya de la corona’ para los herederos de la dictadura.

AGENCIAS / AFP y EFE
SANTIAGO