En un movimiento calificado como «jurídicamente incorrecto» por fuentes familiarizadas con la materia, el chavismo anunció la derogación de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) a través de la Asamblea Nacional (AN).
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Expertos en derecho internacional y relaciones exteriores señalan que esta ruta difiere del mecanismo constitucionalmente establecido.
La decisión del parlamento, dada a conocer por su presidente, Jorge Rodríguez, jefe negociador de Nicolás Maduro, ocurre luego de que la CPI anunció que retiraba su oficina en Caracas debido a que el Estado venezolano no coopera en la investigación que sigue el ente por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
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«Para que quede registro histórico que nos estamos saliendo de esa Corte por inútiles, pero también nos estamos saliendo porque estamos denunciando el vasallaje de los representantes de esa Corte Penal Internacional», manifestó Rodríguez.
Defensores de derechos humanos explicaron a EL TIEMPO que la Asamblea Nacional no tiene potestad para derogar una ley internacional.
En ese sentido, indicaron que el camino idóneo para la denuncia de un tratado internacional recae exclusivamente en el presidente de la República, sin necesidad de autorización legislativa.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Foto:AFP
Además, salir del Estatuto de Roma, tiene unos pasos y tarda un año, aproximadamente, en entrar en vigor.
“Al Parlamento no le corresponde, es inconstitucional en la medida en que es una atribución del Ejecutivo”, dijo a EL TIEMPO, Calixto Ávila, representante en Europa del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.
Ávila además recordó que si el Estatuto es denunciado por parte del Estado venezolano, a través del procedimiento que corresponde al Ejecutivo, la denuncia solamente entra en vigor un año más tarde, pero que la investigación por crímenes de lesa humanidad continúa.
“Todo lo que se cometa entre la denuncia y el año, puede ser investigado, y además, todas las obligaciones por los casos de cooperación con la Corte Penal Internacional y todas las investigaciones que ya estén en curso, esas deben ser concluidas y el Estado tiene la obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional.»
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Los tratados que Venezuela ha denunciado o se ha salido
No es la primera vez que Venezuela denuncia un tratado o se sale de una organización. Este precedente se estableció con la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del expresidente Hugo Chávez, quien procedió directamente mediante decreto.
Los defensores de derechos humanos creen que la decisión de utilizar la vía legislativa también genera interrogantes sobre una posible estrategia dilatoria.
Si el Presidente hubiera denunciado directamente el Estatuto, la acción se ejecutaría de inmediato. En contraste, el proceso actual ha incluido un lapso de días entre la primera y la segunda discusión en la AN.
Efectos y consecuencias de la denuncia contra el régimen de Maduro
Nicolás Maduro. Foto:EFE/ Ronald Peña R.
El lapso de un año para que la denuncia se haga efectiva comienza a correr solo una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores notifique formalmente a la CPI en La Haya.
En cuanto a los efectos de la denuncia, se estima que serán limitados, principalmente afectando la colaboración formal entre Venezuela y la Corte:
- Cese de colaboración: Venezuela dejará de suministrar cualquier tipo de información o documentación a la CPI. La colaboración, que ya era percibida como escasa o simbólica.
- Investigación continúa: El proceso de investigación en curso por la CPI no se detiene con la denuncia. La Corte continuará dependiendo de sus propios recursos, las víctimas y las organizaciones no gubernamentales para documentar los casos.
- Precedente filipino: La situación en Venezuela se compara con el caso de Filipinas, cuyo gobierno denunció el Estatuto de Roma, pero la investigación de la CPI continuó, resultando en la detención del expresidente Rodrigo Duterte.
La expectativa de expertos se centra ahora en la presentación formal de un caso por parte de la Fiscalía de la CPI. Incluso si el caso se presenta después de notificar la denuncia, este tendrá plena validez.
ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN
CORRESPONSAL EL TIEMPO
CARACAS
