Una semana frenética que sumió a Chile en una grave crisis social

Decenas de miles de personas volvieron a protestar este jueves contra las desigualdades en Chile, en un estallido social con enfrentamientos que ya dejaron 19 muertos y denuncias de abusos de derechos humanos que motivaron el envío de una misión de la ONU para investigar.

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Transportistas y automovilistas coparon las autopistas que unen Santiago con el resto del país para reclamar una baja en las altas tarifas del sistema electrónico de peajes, congestionando las rutas en la hora de mayor tránsito.

Este estallido sin precedentes en Chile, el más grave en casi 30 años desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), representa un claro desafío para su reconocido modelo económico de mercado abierto.

Los siete días de manifestaciones, enfrentamientos, saqueos e incendios en Santiago y otras ciudades han dejado 19 muertos y denuncias de abusos de derechos humanos que motivaron el envío de una misión de la ONU para investigar.

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En los alrededores del palacio presidencial de La Moneda, cientos de manifestantes se pararon al frente durante todo el jueves a desafiar al ejército y gritar o cantar consignas pidiendo la renuncia del mandatario Sebastián Piñera. «Y va a caer, va caer, Piñera va a caer», entonaban un conocido cántico chileno de la época de la dictadura.

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Disminuyen los detenidos, pero hay un nuevo saldo de muertos

La muerte de un ciudadano peruano que fue herido el martes durante un saqueo en el sur de la capital chilena, elevó a 19 el número de muertes desde que comenzó la ola de violencia hace casi una semana, informó la Fiscalía chilena.

En tanto, la cifra de detenidos se redujo a 735, desde 979 el día anterior. Los disturbios, saqueos e incendios -registrados especialmente en zonas periféricas de Santiago- disminuyeron, pero siguen registrándose incidentes en varios puntos del territorio.

Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se mantuvieron el jueves en los puntos álgidos de las protestas, como la céntrica Plaza Italia de Santiago, que volverán a colmarse este viernes.

De la ONU a Chile

Las protestas continúan mientras aumentan las denuncias de abuso de los agentes del Estado. Cinco de las 19 muertes fueron a manos de las fuerzas del Estado. Un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contó, además, 584 heridos, 245 de ellos por armas de fuego.

Frente a los cuestionamientos, el ministro de Defensa, Alberto Espina, afirmó que los militares actuaban para proteger los derechos humanos de los chilenos, no para violarlos. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también fue invitado a Chile por Piñera.

Ante la multiplicación de denuncias sobre la acción de los militares que desde el sábado fueron desplegados en las calles, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció el envío de «una misión de verificación para examinar» la situación.

El padre de la alta comisionada de la ONU fue detenido y torturado tras oponerse al golpe de Pinochet y murió en la cárcel en 1974, y Bachelet misma fue torturada antes de exiliarse.

En calles y autopistas

Un exiguo aumento de la tarifa del metro de Santiago fue el catalizador de las protestas, que derivaron en un movimiento mayor, heterogéneo y sin un liderazgo identificable, que pone sobre la mesa otras demandas, principalmente un aumento de las bajas pensiones del sistema privado, heredado de la dictadura.

«Esto ya es el reclamo de todo un país, nos cansamos», gritaba una manifestante durante un cacerolazo en Santiago. El anuncio de una batería de medidas sociales por parte de Piñera el martes y su pedido de «perdón» por su gestión inicial de la crisis parecen no haber surtido efecto en la población.

El gobierno prometió mejorar las pensiones de los más pobres, aumentar impuestos para ciudadanos de mayores ingresos y disminuir las dietas parlamentarias y los altos sueldos públicos, además de congelar un alza del 9,2% en la electricidad. Miles de camiones, taxis y vehículos particulares se sumaban este viernes a la protesta contra las altas tarifas del sistema electrónico de peajes.

«Los transportistas pequeños estamos siendo agobiados por el pago de las autopistas» y «nos plegamos a la situación que se generó en el país», dijo Marcelo Aguirre, conductor de 49 años, durante esa movilización. Aunque en medio de las constantes protestas, Santiago busca también retomar su ritmo al dejar atrás la primera semana de movilizaciones.

Muchos de los comercios céntricos abrieron con normalidad en los últimos días, pero cada tarde los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad paralizan la actividad. El metro -con más de 70 estaciones dañadas, varias de ellas destruidas- funciona parcialmente en cinco de sus siete líneas, apoyado por miles de buses para trasladar a la mayoría de los siete millones de santiaguinos.

AFP