El presidente Jair Bolsonaro enfrenta la tormenta perfecta

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, parece estar en el medio de una tormenta no solo por cuenta de la gestión que su gobierno le ha dado a la pandemia del coronavirus, sino también porque ahora enfrenta una investigación por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), tras ser acusado por su exministro de Justicia, Sergio Moro, de querer interferir en investigaciones policiales.

La crisis estalló cuando el mandatario brasileño removió de su cargo al director general de la Policía Federal (PF), Maurício Leite Valeixo, una decisión que desencadenó la renuncia de Moro –reconocido por liderar la operación Lava Jato y por haber llevado a prisión a multitud de empresarios y políticos, entre ellos al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva–.

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El exministro de Justicia hizo públicos una serie de chats en los que Bolsonaro presuntamente le solicitaba cambiar al director de la Policía, quien adelantaba investigaciones contra diputados de su partido e incluso miembros de su familia.

Entre las investigaciones a cargo de la Policía Federal está la de la difusión de noticias falsas en redes sociales para atacar a jueces de los tribunales que contrariaron proyectos del mandatario. Y Carlos Bolsonaro, político e hijo del presidente, podría estar vinculado con los grupos de desprestigio.

Por esto, según Moro, el presidente de Brasil quería tener un “contacto personal” en la Policía Federal que pudiera recopilar información e informes de inteligencia.

Tras las denuncias del exjuez, Bolsonaro se enfrenta a un posible juicio político y a una eventual destitución, pues un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó abrir esta semana una investigación al presidente por coacción, prevaricato y obstrucción a la justicia, entre otros.

Pero el de la investigación no fue el único golpe que recibió el mandatario brasileño esta semana. La Corte Suprema también suspendió el nombramiento de Alexandre Ramagem como nuevo director de la Policía Federal.

Ramagem, hombre de confianza del ‘clan Bolsonaro’ –formado por el mandatario y tres de sus hijos: el senador Flavio, el diputado federal Eduardo y el concejal de Río de Janeiro Carlos–, era la persona con la que el líder ultraderechista esperaba tener la comunicación que no consiguió con su antecesor, algo que el mismo Bolsonaro ha reconocido.

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El hecho de que el presidente quisiera a su lado a una persona cercana –Ramagem se convirtió en amigo personal de Bolsonaro tras haber trabajado como su jefe de seguridad en la campaña electoral- causó malestar en varios partidos políticos, entre ellos el Partido Democrático Laborista (PDL), que al saber del nombramiento instauró un recurso ante el STF alegando “abuso de poder por mal uso del propósito”.

Rafael Duarte, doctor en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Federal de São Paulo, le dijo a EL TIEMPO que son varios los pasos a seguir antes de que se dé un posible juicio de destitución contra Bolsonaro. Lo primero será que el STF debe iniciar la investigación escuchando a Moro. Luego tendrá que escuchar la defensa del presidente.

“Después de eso, el STF emite un veredicto que es enviado a la Fiscalía General, y esta decide si lo envía al Congreso para abrir o no un proceso de impeachment”, explica Duarte.

El STF le dio el jueves pasado cinco días a Moro para que declare ante la Policía Federal sobre las “presiones” que dijo haber recibido del presidente. Este sábado comenzó a hacerlo. Duarte opinó: 

Según el experto, “Bolsonaro presionó al Ministerio Público de Río de Janeiro, cuando este cuerpo acusó a su hijo Flávio de cometer delitos de malversación de fondos, corrupción y lavado de dinero. Después, nuevamente quiso intervenir en la superintendencia de la Policía Federal de Río para relevar de responsabilidades penales a su hijo”.

Pero sumado a esto, Duarte menciona que Moro ya conocía de esa interferencia y lo calló.

“Ahora para recuperar su capital político, algo erosionado en parte de la población, se victimiza con las interferencias en las esferas judiciales y policiales por parte de Bolsonaro”, afirma.

El futuro del proceso

Pero esta no es la única investigación contra Bolsonaro. Existen también otras 30 solicitudes de partidos políticos y movimientos ciudadanos que piden un juicio contra el presidente.

Algunas peticiones están relacionadas con su gestión de la pandemia del covid-19; otras, con su participación en manifestaciones a favor de actos dictatoriales que impulsan el cierre del Congreso.

El proceso por las acusaciones de Moro, aunque es el más fuerte, tiene bajas posibilidades de tener algún futuro, asegura Duarte. Según él, “las pruebas que Moro presentó hasta ahora son muy débiles. Para imputar de crímenes de responsabilidad administrativa a Bolsonaro, Moro tendrá que presentar pruebas materiales más consolidadas. Algunos pantallazos de conversaciones telefónicas difícilmente derrumbarán a Bolsonaro”.

El exministro de Justicia afirmó el viernes en una entrevista con la revista Veja que “las pruebas serán presentadas en el momento oportuno”, y agregó que durante el casi año y medio que integró el gabinete ministerial se dio cuenta de que “el combate a la corrupción no es la prioridad” del actual Ejecutivo.

Para Bernardo Ricupero, doctor en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Federal de São Paulo, el proceso contra Bolsonaro no es algo que “se resuelve en una semana o en un mes”. Al contrario, aseguró, será un enfrentamiento de meses que dependerá de las fuerzas políticas que logre reunir Bolsonaro en contra de su destitución.

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Según él, el mandatario buscará el apoyo de un grupo de políticos conocidos como los fisiológicos, “personajes que están prontos a hacer negocios con casi todos los gobiernos y que fueron parte de la base del (expresidente Michel) Temer y también de Dilma (Rousseff) y de Lula”. De conseguir los apoyos, “no habría los votos necesarios en la Cámara para aprobar la destitución”, afirma Ricupero. “Pero si se demora mucho en formar aquel arco de fuerzas, la destitución puede ser un escenario factible”, explica Duarte.

Por el momento, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, descartó la apertura de un juicio político contra Bolsonaro, al menos durante la pandemia, y afirmó que ahora la “prioridad” del Parlamento debe ser el combate al nuevo coronavirus.

Lo cierto es que para aprobar el juicio, el proceso debe tener el aval de dos tercios en la Cámara de Diputados; es decir, de 342 de sus 513 miembros.

De lograr esa votación, Bolsonaro sería separado del cargo por 180 días, tiempo en el que el STF tendría que dar un veredicto. Si Bolsonaro es destituido, el mandato del país lo asumiría su vicepresidente, Hamilton Mourão.

Según Ricupero, otra cosa que hay que tener en cuenta es que la base de apoyo a Bolsonaro sigue estable y eso para el líder es suficiente.

La última encuesta de Datafolha muestra un apoyo al presidente del 33 por ciento, incluso tres puntos por encima del que recibía en diciembre, lo que para Duarte indica que “independientemente de los errores políticos y administrativos de Bolsonaro, sus apoyos continúan bastante fieles”.

“El modelo de Bolsonaro es (el presidente de EE. UU., Donald) Trump. Así cree que si tiene siempre ese 30 por ciento de apoyo, puede seguir siendo legítimo”, dice Ricupero.

Además, el 45 por ciento de los brasileños opinan que el Congreso debería abrir un proceso a Bolsonaro, contra un 48 por ciento que cree que no debe adelantarse una acusación.

Para los analistas, si las investigaciones prosperan, el bolsonarismo perderá mucha fuerza electoral. “Incluso, si el mandatario no es destituido, sus posibilidades de reelección disminuyen mucho”, menciona Duarte, quien también cree que los errores políticos y de gestión de Bolsonaro en plena pandemia “pueden llevar a abrir espacio para una vuelta de las opciones de izquierda al poder”, enfrentado a una derecha autoritaria que ha ganado mucho espacio.

La emergencia del covid-19

Los problemas judiciales de Bolsonaro llegaron en plena crisis del coronavirus. El presidente brasileño ha recibido fuertes críticas por su gestión de la pandemia, que ya deja más de 90.000 casos y más de 6.000 fallecidos en Brasil, el país más afectado de América Latina.

Brasil, cuya economía comenzaba por fin a crecer en 2019, prevé ahora un estancamiento e incluso una recesión. Las proyecciones de crecimiento de 2,4 por ciento del PIB se redujeron al 0,02 por ciento y el Banco Mundial estima una contracción del 5 por ciento en la economía del país.

Además, la tasa de desempleo aumentó en 12,2 por ciento en el primer trimestre del año; es decir, hay 12,9 millones de personas buscando empleo en el país desde antes del comienzo de la pandemia.

Ahora, “Brasil, que ya tenía cerca de 30 millones de personas en la pobreza, verá aumentada dicha cifra y también el desempleo de una manera espectacular. Eso en un escenario en que los ingresos públicos y los gastos sociales van a ser recortados”, comenta Duarte.

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Según él, a los graves efectos que vienen con la pandemia hay que sumarle la terrible gestión del presidente, que acostumbra a desestimar la gravedad del covid-19, a la que califica de “gripecita”, y que se ha enfrentado con los gobernadores que han impuesto medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus.

El mandatario insiste en que la vida y los negocios deberían continuar como de costumbre, a pesar del virus, lo que ha provocado protestas en las principales ciudades con personas que golpean ollas y sartenes desde sus ventanas. Duarte afirma que “Bolsonaro es un problema serio para la gestión pública”.

“En parte, los elevados números de contagios y muertes deben ser acreditados a la actitud irresponsable de Bolsonaro, que contrarió todas las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y hasta de su propio ministro de Salud”, a quien también retiró del cargo por sus discrepancias sobre las medidas frente al virus.

Para Ricupero, aún no está del todo claro el impacto en términos económicos y sociales, pero dice que la crisis actual evidencia la necesidad de nuevas políticas, diferentes a las que se han sostenido durante 40 años en Brasil y en América Latina. Después de esta crisis, “el Estado necesitará participar más para sanar el fuerte impacto del covid-19”.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO
Redacción internacional
EL TIEMPO
En Twitter: @ Angie_ruiz26