¿Cómo queda Guaidó tras decisión del Supremo de anular su presidencia?

Nuevamente, las expectativas se ciernen sobre una declaración del líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido presidente encargado de Venezuela por 50 países y quien desafía al régimen de Nicolás Maduro, una vez más, al mantener la sesión de la Asamblea Nacional (AN) convocada para este jueves.

El madurismo lo ha vuelto a colocar entre la espada y la pared, esta vez con una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dictada en la tarde de este martes, con la que no solo anula su presidencia en el Parlamento, sino que le amenaza con ser detenido si desacata la decisión.

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“El tema es si Guaidó va a aceptar o no la sentencia y decir que la va a desacatar, ante la amenaza que tiene la misma sentencia de que si la desacatan va a abrirse el procedimiento que se aplicó a los alcaldes en 2014 y 2017”, dijo a EL TIEMPO el director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

Daniels se refiere a un precedente importante: el de los opositores que ya fueron juzgados y condenados en los años de protestas antigubernamentales bajo una tesis del desacato en materia de amparo que “inventó” la Sala Constitucional en 2014, según la cual, en esos casos, quien decide las consecuencias del desacato es la propia sala, que además puede condenar a los que hayan desacatado la decisión.

Lo que está en juego, sin embargo, trasciende al Parlamento. El cargo de presidente interino del país que ostenta Guaidó se basa en una interpretación del artículo 233 de la Constitución, que dice que, ante la falta absoluta del Presidente de la República –la cual alega la oposición tras desconocer los resultados de las elecciones de mayo de 2020–, y mientras se elige y toma posesión un nuevo presidente, se encargará de la Presidencia quien lidere la Asamblea Nacional (AN).

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En 2019, cuando en el sistema rotativo acordado por la oposición tras obtener la mayoría en el Parlamento en las elecciones legislativas de 2015, correspondió el turno a Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, de asumir la presidencia de la AN, fue Guaidó quien ocupó este cargo, para el que repetiría este año, con el aval de la oposición y en aras de mantener ese reconocimiento internacional para lograr una ruta que parecía sencilla pero que no ha alcanzado siquiera el primer paso: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Pero este 5 de enero, cuando correspondía el juramento de la Junta Directiva para el nuevo año legislativo, a la oposición se le colocaron diversos obstáculos para llegar al Palacio Federal Legislativo, y mientras funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado zarandeaban a Guaidó en sus inmediaciones, y este buscaba brincar una cerca para garantizar su acceso, Luis Parra, un diputado poco conocido y que había sido expulsado poco antes de la oposición por supuestos hechos de corrupción, tomaba juramento como presidente de la AN, en un acto con muchas irregularidades, entre ellas la falta de quórum.

Amparándose en el reglamento interno de la AN, Guaidó se juramentó ese mismo día desde la sede del diario EL NACIONAL, donde representantes de la comunidad internacional y de la prensa fueron testigos de la votación nominal de cada uno de los diputados presentes, que le dieron 100 votos –requería de 84 para mantenerse– de 167 posibles.

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Casi 5 meses después de esos hechos y en plena cuarentena por la covid-19 –en la cual se ha agudizado la crisis en todos los ámbitos–, con un inusual retraso para tratarse de una decisión que perjudica a la oposición, el TSJ del régimen declaró válida la junta directiva de Parra, aunque lo hizo, a juicio de Daniels, con una argumentación jurídica “bastante pobre”.

Y fue más allá: prohibió la instalación de un parlamento paralelo o virtual, el cual insistió en que carecía de efecto jurídico, y estableció que cualquier persona, pública o privada, que prestase o cediera espacios para ello sería considerado en desacato, y –acotó– cualquier acto ejercido como tal sería nulo.

Tras algunos enfrentamientos en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, en las primeras semanas del año, en las que incluso la oposición tuvo que forzar su ingreso para conseguir su instalación, el plan B de la oposición se convirtió en la norma.

Plazas y avenidas de municipios controlados por la oposición y otros espacios privados afines se convirtieron en la sede de las sesiones semanales del Parlamento encabezado por Guaidó. Desde mediados de marzo, sin embargo, estas se venían realizando de manera virtual, debido a la contingencia por el covid-19.

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La oposición ha ratificado el llamado a sesión para este jueves y se espera que, en el marco de la misma, se pronuncie Guaidó.

Al mediodía de este lunes, sin embargo, la Consultoría Jurídica de la AN adelantó que el escrito del TSJ era “muy farragoso” y que no existía ni análisis de prueba alguna sobre los hechos ocurridos el 5 de enero, ni detalles de cómo se verificó el quórum reglamentario exigido para la validez de la instalación de la junta directiva y de la decisión que se habría asumido ese día con respecto a la elección del presidente.

“No existe en el referido pronunciamiento (de la Sala Constitucional) nada que pueda desvirtuar lo que, efectivamente, ocurrió en la sesión del 05 de enero de 2020 y que está expresado en la lista de votación de diputados (…) que da cuenta del quórum necesario para instalarse y sesionar válidamente y de la holgada mayoría con la cual fue elegida la junta directiva que preside el diputado Juan Guaidó Márquez”, agregaron en el comunicado.

El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, como vocero designado por la oposición para este tema, aseguró que la sentencia carecía de fundamentos, que violaba la justicia, el derecho y la lógica, y agregó: “La única AN integrada por diputados electos por los ciudadanos es la asamblea presidida por Juan Guaidó, esa asamblea sesiona todas las semanas y lo seguirá haciendo, atendiendo los problemas del país”.

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ANDREÍNA ITRIAGO
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS