Decisión de Colombia sobre Cuba, un desacierto diplomático
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la abstención de Colombia se enmarca en la tradición de nuestro país de respeto irrestricto al derecho internacional. En este caso preciso, la afirmación no es correcta. El bloqueo económico unilateral de Estados Unidos contra Cuba es una acción que va en total contravía de las normas básicas de la Carta de Naciones Unidas. Votar ‘no’ era lo correcto.
No es una casualidad que desde el año 1992 en la Asamblea General de Naciones Unidas se haya votado de manera regular una resolución en contra del bloqueo, la cual ha sido aprobada por mayoría de votos ya en 24 ocasiones. ¡Ni una sola vez Washington ha logrado obtener el apoyo ni siquiera de sus aliados más próximos, Canadá y la Unión Europea! El máximo órgano de debate de Naciones Unidas se ha opuesto al bloqueo para reafirmar, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en asuntos internos, y la libertad de comercio y navegación internacionales.
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Si bien en la primera votación, celebrada en 1992, hubo solamente 59 votos en contra del bloqueo, tres a favor (los propios Estados Unidos, Israel y Rumania), 71 votos en blanco y 46 ausencias, lentamente la situación comenzó a cambiar y, en los últimos años, la votación ha sido abrumadoramente en contra de esta medida. En efecto, año tras año, de los 193 Estados que hacen parte plena de Naciones Unidas, 191 han votado en contra y solo dos a favor: Estados Unidos e Israel, a veces en compañía de la isla de Palaos, un archipiélago situado en el mar de Filipinas. Ahora el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se sumó a esa lánguida minoría.
A pesar del rechazo universal a una medida unilateral e inútil instaurada en 1960 –hace ya 59 años–, los Estados Unidos han continuado despreciando el consenso mundial que se opone a este tipo de sanciones.
En el caso de Colombia, tras cinco años absteniéndose, a partir de 1997 tomó la sabia decisión de votar en contra e, incluso, durante los ocho años de la presidencia de Álvaro Uribe, se mantuvo esta postura.
El origen del bloqueo
El embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba fue impuesto en octubre de 1960 bajo el gobierno de Dwight D. Eisenhower. En 1992, durante el gobierno de George Bush (padre), el embargo adquirió el carácter de ley mediante el Cuban Democracy Act, que impulsó el congresista demócrata de Nueva Jersey, Robert Torricelli. Posteriormente, en 1996, el Congreso de Estados Unidos aprobó el llamado Helms-Burton Act, mediante el cual se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el Gobierno de Cuba por parte de los ciudadanos estadounidenses. Se trata, por tanto, del embargo más prolongado de la historia.
Según sus inspiradores, el bloqueo ha tenido como objetivos fundamentales presionar a Cuba para que cambie su sistema político de partido único y se abra a la democracia pluralista, así como exigirle que cese de exportar su modelo político al resto del continente.
En apariencia, al menos para quienes defendemos la democracia plural y nos oponemos a los regímenes de partido único, se trata de objetivos deseables. ¿Pero quién faculta a un Estado –cualquiera que sea– para imponerle a otro su modelo de gobierno? ¿Es legítimo imponer sanciones unilaterales?
Sin entrar en un debate normativo en torno a la legalidad de las sanciones unilaterales –las cuales son siempre asimétricas: el fuerte contra el más débil–, lo impactante de esta línea de acción es su ineficacia y sus efectos perversos.
Sanciones internacionales
En el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, titulado ‘Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión’, se contempla que los quince miembros del Consejo de Seguridad pueden determinar “la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión” (art. 39) y decidir las medidas requeridas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Estas medidas pueden no implicar el uso de la fuerza y orientarse, más bien, hacia el uso de sanciones económicas o la ruptura de las relaciones diplomáticas (artículos 40 y 41).
Según la Carta, las sanciones tienen un carácter preventivo y deben ser proporcionales a los objetivos que se persiguen, los cuales pueden ser: modificar un determinado comportamiento por parte de un Estado, una entidad no estatal o un grupo de individuos (coercing); disminuir su capacidad de maniobra o debilitar su posición (constraining); alertar a la comunidad internacional sobre quienes se considera que constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales (signaling).
Sin embargo, tal como señalábamos en un artículo anterior (‘¿Es acertada la política exterior hacia Venezuela y Cuba?’, EL TIEMPO, 18 de octubre de 2019), tras un balance riguroso de los resultados de las sanciones colectivas (es decir, las que afectan sin distinciones a todos los ciudadanos de un Estado), Naciones Unidas concluyó que no se deberían continuar aplicando y más bien limitarse a castigar a los responsables políticos, económicos o militares del Estado concernido.
La ineficacia de las medidas
En efecto, la experiencia internacional ha demostrado hasta la saciedad que este tipo de sanciones pocas veces cambia la conducta de las élites gobernantes. El caso de Cuba es impactante: tras 59 años del inicio del bloqueo se han sucedido 12 presidentes en Estados Unidos –desde Eisenhower hasta Trump–, y el régimen cubano sigue ahí.
Es la población, como se ha corroborado decenas de veces aquí y allá en todo el mundo, la víctima principal de las sanciones colectivas.
El ejemplo más patético fue el programa Petróleo por Alimentos (Oil for Food) establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1995, con objeto de permitirle a Irak vender petróleo a cambio de alimentos, medicinas y otros suministros de naturaleza humanitaria, el cual terminó alimentando un círculo de corrupción inimaginable.
Centenares de funcionarios de la ONU o de diversos gobiernos, incluyendo a Kojo Annan, hijo del secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan, fueron denunciados y, en muchos casos, condenados.
Estas sanciones no condujeron a la dimisión de Sadam Hussein y de su partido, el Baaz Árabe Socialista, que solo fue desalojado del poder tras la segunda guerra del Golfo, en 2003, y su captura y ejecución, en 2006. Una guerra absurda que desestabilizó el Medio Oriente, probablemente, por muchas décadas.
Esta y otras decenas de experiencias fracasadas fueron las que llevaron a Naciones Unidas a privilegiar las sanciones dirigidas a castigar a las élites corruptas o criminales y no a los pueblos. De lo contrario, la población termina siendo doblemente victimizada: por actores externos y por sus verdugos internos. Esto es, justamente, lo que está ocurriendo en Venezuela.
El bloqueo a Cuba
¿Por qué, a pesar de su evidente fracaso, persiste Estados Unidos en mantener el bloqueo a Cuba? ¿Por qué, si el objetivo central es presionar la democratización de la isla, mantiene un enorme flujo comercial con regímenes similares como los de Vietnam o China, fundados, igualmente, en el dominio de un partido único?
El comercio con estos países lo justifica el Departamento de Estado con el argumento de que se trata de una influencia benigna hacia los países comunistas para animarlos a optar por el mercado libre y el pluralismo político. Pero ¿por qué no aplican, entonces, el mismo parámetro para Cuba?
Según los analistas, la razón de fondo son los cruciales votos de la Florida. Como decía hace pocos días el profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Juan Gabriel Gómez, si la comunidad exiliada de Cuba residiera en Dakota del Norte o en Wyoming, es decir, en estados marginales por su escaso peso económico y limitada población, jamás se hubiera prolongado el bloqueo.
En otras palabras, el bloqueo se prolonga a pesar de su fracaso evidente por sus réditos en la política interna de Estados Unidos y la enorme influencia del lobby cubano. El resto es una retórica falaz.
Consecuencias para el país
Colombia no ha ganado nada con la abstención frente al bloqueo, y sí ha perdido mucho. Este viernes, como ya ha ocurrido en el pasado, la Casa Blanca le puede imponer sanciones unilaterales a nuestro país, y nadie va a salir en nuestra defensa.
No olvidemos que Estados Unidos, a través de una serie de leyes de claro sabor imperial, se ha arrogado el derecho de descertificar o sancionar a cualquier país del mundo por el tema de los derechos humanos, el tráfico de drogas, la producción de armas de destrucción masiva o su conducta ante el terrorismo.
El país, acusado de manera unilateral y al margen de las instituciones globales, no solo es duramente castigado por Washington (por ejemplo, cortando de tajo las ayudas o afectando el comercio bilateral), sino que la Casa Blanca utiliza su poder en instituciones multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional para agravar las sanciones.
Ahora bien, ¿con que autoridad vamos mañana a rechazar estas sanciones unilaterales si no fuimos capaces de oponernos al torpe bloqueo contra Cuba? No olvidemos lo que le significó a Colombia su apoyo a la Gran Bretaña durante de guerra de Las Malvinas y el calificativo del ‘Caín de América Latina’, que tanto sudor y vergüenza nos causó.
De otra parte, la abstención de Colombia en la Asamblea General no es nada conveniente frente a un orden regional y mundial tan frágil. En este contexto incierto, lo menos que le conviene a nuestro país es auspiciar un entorno regional hostil.
Incluso, ya nuestros aliados del Grupo de Lima comienzan a tomar distancia: hace pocos días, el Gobierno de Perú planteó la necesidad de incorporar a Cuba como un actor activo en la búsqueda de una salida democrática y pacífica a la crisis de Venezuela.
Si el Gobierno Nacional deseaba expresar su malestar por la presencia de miembros de la cúpula del Eln en La Habana, ha debido escoger otros caminos menos azarosos.
EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ
*Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia
Para EL TIEMPO