Nuevo golpe a miembros del PP de España por presunta corrupción

La Justicia española dio un paso más este lunes contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular (PP), por presunta corrupción en Latinoamérica. A él y a varios funcionarios se les acusa de haber orquestado una operación internacional para favorecerse con el pago de comisiones.

En 2013 la empresa española pública de aguas Canal de Isabel II, presidida entonces por González, adquirió Emissao, compañía brasileña de aguas, por un precio inflado. La intención habría sido distribuir pagos ilegales entre los involucrados.

De acuerdo con los investigadores, se repartieron al menos seis millones de dólares de los 31 que costó la empresa brasileña. Para ello contaron con la colaboración de un representante de Emissao, que les habría enviado el dinero a Suiza. González se habría embolsillado más de 1,8 millones de dólares, según el juez que dictó el auto de transformación de las diligencias previas al procedimiento abreviado, acto anterior a la apertura del juicio oral contra el expresidente madrileño.

La Fiscalía cuenta ahora con un plazo de 30 días para presentar su acusación con la solicitud de penas para los imputados.

González había pagado ocho meses de cárcel en 2017 por su supuesta participación en la Operación Lezo, caso de corrupción que toma ese nombre porque una parte se desarrolló en Cartagena. Salió en libertad provisional en noviembre de ese año.

El PP se halla en medio de un vendaval con distintas corrientes de corrupción que ha mermado su prestigio y alejado a muchos de sus electores

Cuentas pendientes

El exdirigente conservador, que fue mano derecha de la expresidenta regional Esperanza Aguirre, está bajo investigación en tres operaciones ilegales del caso Lezo.

Aparte de la adquisición de Emissao, también se encuentra bajo la lupa por la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa con un sobrecosto de 70 millones de euros: se pagaron cien millones, cuando se valor real era de 30.

Aunque González no era presidente cuando se llevó a cabo el negocio, no la denunció posteriormente al enterarse de que había ocurrido. Por otra parte, se le investiga por la adjudicación presuntamente irregular de la construcción y explotación del campo público de golf en el centro deportivo del Canal a una sociedad de la que hacían parte su hermano y un cuñado.

De acuerdo con investigadores, se repartieron al menos seis millones de dólares de los 31 que costó la empresa brasileña

Vendaval de la corrupción

La decisión del juez coincide con el llamamiento de la Audiencia Nacional a que declaren el propio González y las dirigentes del PP Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, ambas también expresidentas de la Comunidad de Madrid, en el caso Púnica.

Este consiste en un macroproceso de corrupción, que empezó en 2014, en el que están encauzados políticos de varios partidos -sobre todo del PP- en diferentes comunidades autónomas de España.

El PP, pues, se halla en medio de un vendaval con distintas corrientes de corrupción que ha mermado su prestigio y alejado a muchos de sus electores, como se vio en las dos elecciones generales que tuvieron lugar este año, en las que bajó el número de votos obtenidos con respecto a las de años anteriores.

JUANITA SAMPER OSPINA
Corresponsal para EL TIEMPO
Madrid

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