Piden garantizar debido proceso y DD. HH. de venezolanos deportados

Tanto en las inmediaciones de la plaza comercial de Bosa Recreo, en Bogotá, como en las viviendas en Patio Bonito, cuando los funcionarios preguntaron la nacionalidad de las personas que allí se encontraban, y recibieron como respuesta que eran venezolanos, realizaron las detenciones.

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Esa es tan solo la primera de las irregularidades que detectó el grupo de especialistas del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), en Caracas, en el caso de los 59 venezolanos que fueron deportados de Colombia recientemente.

La organización, con dos décadas de trayectoria, ha brindado apoyo por 15 años a cientos de colombianos en riesgo, y fue la única de este país que denunció ante organismos internacionales de DD. HH. las expulsiones masivas de colombianos en 2015.

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Ahora, hace un llamado a las autoridades de Colombia para que garanticen el debido proceso y todos los derechos humanos “a cualquier persona sometida a un procedimiento administrativo que pueda conducir a la deportación o expulsión”.
Algo de lo que no gozaron, según ellos, los deportados recientemente.

Gracias al acceso directo a los familiares y abogados de las víctimas, en este caso detectaron ausencia del debido proceso, falta de transparencia, y violaciones a los derechos de presunción de inocencia, de honra y de integridad personal.

Días antes de renunciar a su cargo como director de Migración Colombia,  Christian Krüger  le dijo a EL TIEMPO que la decisión de expulsión de los 59 ciudadanos venezolanos «se dio de manera discrecional y soberana» por parte de esa entidad, «sustentada en sus facultades de ley y de acuerdo con informes entregados por la autoridades colombianas«. 

Además, señaló que no se podría hablar de violación a los derechos mencionados por los expertos porque «la expulsión es una medida administrativa que obedece a una facultad discrecional del Estado y no es una sanción de tipo penal«.

Después de las detenciones, que catalogaron como “arbitrarias”, los expertos del Centro de Derechos Humanos aseguran que las víctimas fueron sometidas a golpes y patadas y que, cuando eran trasladadas a los puntos desde donde serían expulsados, en el interior del bus fue lanzada una bomba lacrimógena.

Sin embargo, Krüger aseguró que el director de la Regional Andina de Migración Colombia, Henry Corredor, «estuvo coordinando todo el procedimiento y durante el mismo se les brindó alimentación y buen trato«.

En una nota de prensa del 3 de diciembre, el grupo de especialistas, además, denunció que “a los familiares se les dijo que el procedimiento se realizaría a las 11:00 a. m. del lunes 25 de noviembre; sin embargo, las personas afectadas por la medida de expulsión fueron sacadas del lugar de detención en la madrugada y trasladadas a un aeropuerto militar, sin que sus familiares hubieran podido verlos en ningún momento, ni conocer el lugar de destino”.

Luego de esto, comenzó una ruta que los expertos consideraron, en sí misma, un “trato inhumano y degradante”. Los deportados fueron trasladados por vía aérea a dos puntos fronterizos con Venezuela: Puerto Carreño (Vichada) e Inírida (Guainía). Pero  Krüger defendió la decisión de escoger zonas remotas para dificultarles el retorno a Colombia.

“Muchos de los afectados se encontraban sin dinero, con ropa ligera -pantalón corto, sandalias, como los sacaron de sus viviendas- y tuvieron que moverse desde San Fernando de Atabapo (población venezolana a 6 horas en lancha de Puerto Ayacucho) a sus lugares de origen, sin recursos ni comida”, refirieron desde el CDH UCAB, en Caracas.

Y dejaron atrás a esposas, algunas colombianas, e hijos, algunos con necesidades especiales, según lo que pudo conocer el CDH UCAB. “Según el director de Migración Colombia, nada les impide a los familiares que permanecen en Colombia devolverse a Venezuela, lo que lamentablemente evidencia que el criterio aplicado corresponde al de un migrante regular o voluntario y no a personas con necesidad de protección internacional”, alertaron los especialistas.

Los expertos aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado, también, a la prensa y a la sociedad venezolanas, tras la justificación de la deportación por una supuesta simpatía de los afectados con el régimen chavista. “Se está contribuyendo a alimentar, desde territorio venezolano, las expresiones de xenofobia”, lamentaron.

Pese a que los comunicados de prensa son públicos, el entonces director de Migración Colombia aseguró que la entidad no había «sido notificada de denuncia alguna por su actuar«. Y resaltó que los procedimientos que realizan «se ajustan a lo establecido por la ley y en los mismos se respetan y garantizan los derechos de los extranjeros».

Krüger recordó que el Gobierno colombiano «le ha tendido la mano a más de un 1’600.000 ciudadanos venezolanos quienes se encuentran radicados en el territorio nacional«. «Insinuar que el cumplir con nuestras obligaciones, el garantizar el orden público y la seguridad nacional es un acto de xenofobia, lo único que genera es rechazo hacia el ciudadano venezolano por parte de la sociedad colombiana», añadió.

ANDREÍNA ITRIAGO* 
Corresponsal de EL TIEMPO
CARACAS
*Con redacción internacional