Estas son las claves del juicio contra el presidente Trump
Si todo sale como está previsto, el Senado estadounidense iniciará este martes, en Washington, el esperado juicio político contra el presidente Donald Trump.
Aunque todo el mundo coincide en que el proceso concluirá con la absolución del mandatario, se trata de un momento dramático en la historia de este país que marcará el rumbo de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para noviembre de este año y, no hay duda, profundizará aún más la polarización que ya de por sí existe en torno a la gestión del presidente republicano.Estas son las claves de este trascendental momento.
Los cargos
A finales del año pasado y en un voto estrictamente partidista, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó dos ‘artículos’ o cargos de destitución contra el presidente. Uno por abuso de poder y el otro por obstruir la investigación que adelantó este órgano del legislativo.
Esa investigación arrancó en septiembre de 2019 cuando un informante (hoy se sabe que es de la CIA) presentó un queja ante sus superiores alegando que Trump, a través de una llamada telefónica, le había pedido al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, abrir investigaciones contra el exvicepresidente Joe Biden, su hijo Hunter, y el partido demócrata.
A lo largo de la investigación, que tardó unas 8 semanas, más de una decena de testigos tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Estado y el Pentágono revelaron todo un entramado en torno a esa misma llamada.
De acuerdo con sus testimonios, se le hizo saber a Zelensky que una posible reunión con Trump en la Oficina Oval dependía de la apertura de esas investigaciones. También contaron que, por instrucciones de Trump o sus funcionarios, se bloqueó temporalmente la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania que el Congreso de EE. UU. ya había aprobado para elevar aún más la presión sobre Zelensky.
Según los demócratas, el objetivo de Trump era obtener información negativa para golpear a sus rivales políticos. Así mismo, afirman, el presidente habría entorpecido la investigación al bloquear el testimonio de otros testigos claves e impedir la entrega de documentos relevantes que solicitó la Cámara. Dos ofensas graves que ameritan su destitución inmediata.
La versión de Trump y los republicanos
De acuerdo con el presidentes y quienes lo defienden, su objetivo –al pedir las investigaciones– no era personal ni tenía fines políticos. Según Trump se trataba de investigar casos de corrupción.
Entre ellos, que Biden había intervenido en Ucrania para favorecer a una empresa, Bursima, de la que hacia parte su hijo Hunter durante los años en los que acompañó a Barack Obama en la Casa Blanca. Así mismo, una teoría –a la que no se le ha encontrado asidero– según la cual fue Ucrania y no Rusia el país que intervino en las elecciones del 2016 y no para favorecer a Trump sino a los demócratas.
Aunque su defensa ha ido cambiando a medida que ha surgido nueva evidencia, los republicanos alegan que no se cometió ningún delito porque la ayuda militar finalmente sí se le entregó a Ucrania. Además, la reunión con Zelensky se terminó dando sin que este anunciara las investigaciones.
En otras palabras, se estaría destituyendo a un presidente solo por pedir un favor que nunca se materializó. Sostienen que en el fondo lo que hay es una vendetta contra Trump, al que no le perdonan su triunfo en las elecciones del 2016.
Estos argumentos sufrieron un golpe a finales de esta semana cuando la Oficina Gubernamental para la Transparencia (GAO), una agencia del Congreso con carácter independiente, presentó un informe en el que concluye que la retención de los fondos aprobados para Ucrania fue ilegal.
El caso llega al Senado
La Constitución otorga a la Cámara la potestad de investigar y elevar cargos contra un mandatario en ejercicio, y al Senado la misión de adelantar el juicio como tal una vez son aprobados los cargos. El proceso, sobre el papel, es muy similar al de un juicio en el ordenamiento jurídico estadounidense.
En este caso, la Cámara nombra a un grupo de ‘fiscales’ o administradores que son los encargados de presentar y argumentar los cargos ante el grupo de 100 senadores que integran la cámara alta y que fungen como ‘jurados’. Esta semana, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, anunció al equipó de siete legisladores, todos demócratas, que tendrán esa tarea.
La defensa del presidente la tendrá a su cargo un equipo designado por el propio mandatario y que encabezará Pat Cipollone, el asesor jurídico de la Casa Blanca. También Ken Starr, el fiscal especial que investigó a Clinton, y Alan Dershowitz, famoso por ser uno de los abogados del exjugador de fútbol americano O. J. Simpson.
John Roberts, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, funcionará como el juez de los procedimientos. Trump no tiene que asistir, y probablemente no lo haga, pero nada se lo impide. Se requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes del Senado (67 o más) para aprobar la destitución. Los republicanos cuentan con 53 curules, los demócratas, 47.
El proceso en detalle
Dado que la Constitución solo establece los parámetros generales del juicio, le corresponde al Senado aprobar las reglas de juego. Algo que está previsto para que suceda este mismo martes. Sin embargo, líderes de la cámara alta sostiene que el reglamento será muy similar al que se aprobó para el juicio de destitución de Bill Clinton en 1999.
El juicio arrancará con la presentación de argumentos de ambas partes. El primero turno será para los ‘fiscales’, que tendrán 24 horas hábiles para exponer su caso. Dependiendo de cuántas horas utilicen por jornada-día se estima que tardarán unos tres o cuatro días en esa fase. Luego seguirá la defensa, que también tendrá el mismo tiempo a su disposición.
(Además: Donald Trump: los detalles del juicio político en el Senado de EE. UU.)
Una vez concluidas las presentaciones, los senadores podrán hacer preguntas, pero solo por escrito, que serían leídas por el juez Roberts. Concluido el período de preguntas y respuestas, los senadores entrarán a discutir a puerta cerrada si es necesario convocar a nuevos testigos o se requieren documentos adicionales.
Algo en lo que los demócratas han venido insistiendo. Reclaman, por ejemplo, que se permita el testimonio del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y el jefe de Gabinete de Trump, Mick Mulvaney. Ninguno de los dos fue llamado a testificar en la Cámara, pues el presidente invocó privilegios ejecutivos para impedirlo.
Bolton, que en días recientes anunció que dará su versión si el Senado lo requiere, podría ser explosivo pues, de acuerdo con otros testigos, fue muy crítico de las maniobras para presionar a Ucrania. Ni los republicanos, ni a Trump les interesa que se presenten nuevos testimonios, pues eso alargaría el proceso y quizá, en ellos, surja alguna ‘bomba’ que termine por voltear el voto de algunos senadores.
Ya en público nuevamente, los legisladores tendrán que votar para definir si hay o no nuevos testimonios. Como se requiere solo una mayoría simple para aprobarlos (51 votos), es posible que suceda. Sobre todo desde que al menos tres senadores republicanos anunciaron estar abiertos a esa alternativa. Si hay empate, (50 a favor y 50 en contra) quedaría en manos del juez Roberts la decisión, salvo que en las reglas se establezca otro procedimiento para dirimirlo.
Y de allí a la recta final, donde los legisladores votarán a favor o en contra cada uno de los cargos. Pero de la presencia o no de testigos dependerá la duración del juicio.
Si no hay testigos, concluiría en una dos semanas. El escenario predilecto para Trump y sus defensores, pues le permite pronunciar el famoso discurso sobre el Estado de la Unión de este 4 de febrero con la absolución en el bolsillo. Si es con testigos, posiblemente se extenderá a unas tres o cuatro semanas.
En todo caso los legisladores sesionarán de lunes a sábado, con el domingo como descanso. Durante el proceso, además, no podrán utilizar sus celulares mientras están en el recinto y deberán permanecer en silencio.
Posible desenlace
Nadie ve remotamente posible que los demócratas sumen los 67 votos que requieren para destituir a Trump. Para eso, asumiendo que todos sus 47 miembros voten a favor, necesitarían el concurso de al menos 20 republicanos. Algo improbable en un proceso que se ha caracterizado por su híperpartidismo, en el que ambos lados manejan versiones de los hechos totalmente opuestas.
Pese a ello, hay aún campo para que se dé una sorpresa de última hora que altere el conteo de votos. Si todos los senadores republicanos votan en contra de la destitución, Trump saldría fortalecido ante sus seguidores por tal muestra de unidad. Pero esa idea pierde fuerza con cada senador que decida voltearse.
No es lo mismo, por ejemplo, un Trump absuelto por una mayoría en el Senado, que un Trump que termina siendo señalado por más de 50 senadores (incluidos algunos de su propio partido) pero que se salva solo porque no se alcanzaron los 67 votos.
Dado que el objetivo de ambos bandos es ganar las elecciones en noviembre, el resultado de ese conteo de votos podría terminar siendo trascendental, más allá del resultado final.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO en Washington
En Twitter, @sergom68