El acuerdo secreto que tiene a Sánchez en medio de un tsunami político

Un acuerdo secreto entre el gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu, partido de izquierda compuesto por exmiembros y seguidores de la desaparecida organización terrorista ETA, ha desatado un fuerte aluvión de críticas de varios sectores políticos y reproches dentro de su propia agrupación. El presidente, envuelto por un nuevo tsunami, busca librarse de él con la mano tendida y trata de apaciguar las aguas por donde nada a contracorriente.

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Para combatir los efectos del coronavirus, en España fue necesario decretar el 14 de marzo el estado de alerta, una medida constitucional que requirió del apoyo mayoritario del Congreso para su puesta en marcha.

En un principio el gobierno socialista obtuvo prácticamente todo el respaldo del legislativo y pudo así hacer frente a la crisis sanitaria durante los primeros quince días.

Luego, en una segunda ocasión, logró mantener el estado de alerta, pero en esta oportunidad no contó con el apoyo del conservador Partido Popular -PP- y recibió el voto negativo de Vox, agrupación de extrema derecha.

Fue entonces indispensable acudir a Ciudadanos, organización de centro, cuyos votos en el Congreso, junto a los del Partido Nacionalista Vasco -PNV-, salvaron su propósito de extender el estado de excepción por quince días más.

Cumplido el término, Sánchez negoció esta semana de nuevo la ampliación por un mes adicional con los diversos grupos políticos. Solo obtuvo apoyo para quince días y fueron Ciudadanos, el PNV y EH Bildu los que le facilitaron el camino.

Pero lo que no se sabía hasta ahora es que, ante la incertidumbre de Ciudadanos que vacilaba entre brindarle el apoyo o abstenerse, Sánchez buscó a EH Bildu para garantizarse la mayoría, a cambio de derogar la reforma laboral de 2012.

Lo hizo a través de su partido -el PSOE- y los líderes que lo representan en el Congreso. En la negociación secreta intervino, además, el vicepresidente Pablo Iglesias, cercano ideológicamente a EH Bildu. Tal negociación se adelantó a espaldas de las ministras de Economía y Trabajo, quienes reaccionaron desfavorablemente por no haber sido consultadas.

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Manifestaciones en España

Grupos de personas adelantan protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez por sus medidas para controlar el covid-19.

Reforma clave

La reforma laboral, que a partir de este momento deberá seguir trámite legislativo para su derogación, es uno de los temas más sensibles en España y a ella no solo están vinculados los partidos políticos sino los empresarios y los sindicatos. A ninguno de ellos se le informó al respecto y ya han abandonado la mesa donde habitualmente discuten los asuntos laborales.

Tremendamente molesta por el acuerdo secreto, Nadia Calviño, ministra de economía y vicepresidenta tercera del gobierno, expresó: «Sería absurdo y contraproducente […] generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento”. Y agregó: «Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas y no para crearlos«.

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Una jugada y muchos afectados

El gobierno ha tenido que salir al paso para rebajar el nivel turbulento de las aguas y ha afirmado que no se derogará la ley laboral sino será una reforma parcial.

Pero el daño político ya parece irreversible: un acuerdo secreto con una fuerza denostada (EH Bildu) por la mayoría de los españoles que la consideran la heredera de ETA; un engaño a Ciudadanos que tampoco sabía de la negociación en marcha; un apoyo político a EH Bildu que se beneficiará de la revisión de la reforma ante sus potenciales electores del país vasco, en las elecciones que se celebrarán en julio; una traición al Partido Nacionalista Vasco -PNV-, fiel hasta ahora a Sánchez, que tiene en Bildu a su más grave enemigo político; y las venas abiertas en el PSOE, cuyo secretario general es el propio Sánchez, y donde sus ministros más importantes fueron ignorados. El gobierno se ha limitado a afirmar que en el ejecutivo hay “diferentes sensibilidades”.

Del tsunami quieren sacar tajada los partidos de la oposición de derecha -PP y Vox-, que sin duda saldrán favorecidos de la actual situación.

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No se sabe si es una coincidencia o una manera de rebajar el tono a la tensión reinante, pero la Comunidad de Madrid, bajo mandato del PP, recibió de inmediato el visto bueno del gobierno para pasar a la Fase 1 en la desescalada contra el coronavirus.

Después de haber estado castigada en la Fase 0 durante dos semanas consecutivas, los madrileños obtienen ahora un mayor relajamiento frente a las duras medidas de confinamiento a que estaban sometidos y que llevó a muchos de ellos a manifestarse contra Sánchez cada tarde con cacerolas. Nuevos ruidos, pues, sacuden la política española.

JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MADRID

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