Un grupo de ciudadanos venezolanos ha solicitado formalmente el cumplimiento de una orden judicial que exige al gobierno de Estados Unidos permitirles regresar desde El Salvdor al país para impugnar su expulsión.
Esta petición surge tras el fallo del juez federal James Boasberg, quien determinó que el proceso de deportación llevado a cabo por la administración del presidente Donald Trump violó los derechos al debido proceso de estos individuos.
El caso se remonta al pasado mes de marzo, cuando cientos de venezolanos fueron enviados desde territorio estadounidense directamente al Centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
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Deportados sin juicio ni pruebas
Para ejecutar esta medida sin las audiencias migratorias convencionales, el gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa de tiempos de guerra diseñada para deportar de forma expedita a personas clasificadas como amenazas, bajo la premisa de que los detenidos pertenecían a la organización criminal Tren de Aragua.
- Sin embargo, el reciente dictamen legal establece que el Departamento de Seguridad Nacional debe presentar un plan concreto en un plazo de dos semanas para facilitar el retorno de los afectados. Los puntos centrales del conflicto legal y humanitario incluyen:
- El uso de una ley del siglo XVIII para saltarse los procedimientos de asilo y defensa habituales.
- La denuncia de familiares y abogados sobre la falta de pruebas que vinculen a los detenidos con bandas delictivas.
- La opacidad informativa que rodeó el traslado de los hombres hacia el país centroamericano.
- La vulneración del derecho a una audiencia justa antes de ser expulsados del sistema estadounidense.
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Un juicio en Estados Unidos
En una comparecencia pública en Caracas, Ysqueibel Peñaloza, quien estuvo recluido en la megaprisión salvadoreña, habló en representación de unos 252 exprisioneros que ya fueron devueltos a Venezuela desde El Salvador. «El fallo judicial ahora ordena que se nos conceda la oportunidad de una audiencia justa conforme a la ley de Estados Unidos», afirmó Peñaloza en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.
El portavoz instó a los gobiernos de ambos países a generar las condiciones necesarias para que el grupo pueda participar en el proceso legal ordenado por el juez Boasberg.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han seguido de cerca este caso, calificando las deportaciones como un precedente peligroso en materia de justicia migratoria.
Mientras la batalla legal continúa, los afectados han solicitado apoyo internacional para coordinar su defensa técnica y asegurar que el fallo del juez Boasberg no quede en papel mojado, ante la complejidad logística que supone trasladar de vuelta a cientos de personas que ya se encuentran en territorio venezolano.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
